Los problemas con compañías de telefonía son los reclamos más comunes en materia de defensa del consumidor ¿Cómo dictamina la Justicia en estos casos y cuáles son las demandas más concurridas en los tribunales?

Una sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial dada a conocer la semana última condenó a una de las empresas de telefonía móvil a borrar de su registro de “deudores morosos” a un cliente que usó internet móvil en otro país. Como ese, existen numerosos fallos de la Justicia que dejan en claro que si la compañía no informa claramente las condiciones de su servicio tiene las de perder en un tribunal.

Este tipo de situaciones se repiten a menudo, ya que las empresas de telefonía móvil reciben una gran cantidad de denuncias de consumidores. En el caso particular, el plan que había contratado el hombre incluía “wi-fi global gratis”, por lo que asumió que no iba a tener problemas para usarlo en el exterior. Al regreso de sus vacaciones halló una factura por 53.401,94 pesos, con la que inició un amparo y ganó, según el fallo de la Sala B de esa Cámara, emitido el 19 de septiembre.

Multas por mal funcionamiento

En septiembre pasado, los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes ordenaron a la misma compañía que reintegre las cuotas abonadas por un cliente en concepto del celular que compró, sin funcionar.

Fue multada por los camaristas haciendo referencia al daño punitivo que incluye el artículo 52 de la Ley 24.240, de Defensa al Consumidor. Allí se señala que el juez podrá determinar una indemnización (“multa civil”, más precisamente) que, entre otras cosas, busca desalentar la violación de los derechos de los usuarios.

En noviembre del año pasado, los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron una multa de tres mil pesos contra una firma japonesa de celulares, ya que un hombre compró un teléfono que debió ser ingresado a reparación cuatro veces en un breve lapso.

En ese caso, los jueces hicieron referencia al artículo 12 de la Ley 24.240: “Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”.

Por el artículo 12 de la Ley 24.240, “los fabricantes, importadores y vendedores (de celulares) deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de sus partes y repuestos”

El que no avisa, traiciona

Las empresas que brindan telefonía móvil ofrecen, entre sus servicios, uno que nos permite la comunicación a través de redes de otros países. Esta oferta es, de cualquier forma, costosa. En junio último, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy ordenó indemnizar con 21 mil pesos a un hombre al que se le activó de forma automática la herramienta.

En tal caso, los magistrados pusieron en juego el artículo cuarto de la Ley 24.240, que expresa que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.

“El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”

En un caso similar de agosto de 2014, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata le impuso a la misma compañía que se abstenga de cobrar a un cliente su factura de 21 mil pesos, abultada por el presunto uso del roaming. Nuevamente, el servicio se activó sin previo aviso cuando el denunciante viajó a Estados Unidos.

Otro caso reiterativo es el corte del suministro sin previo aviso. En mayo del año último, los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron una multa de 15 mil pesos contra una prestataria de origen español por este motivo.

Los jueces afirman que “la sumariada (por la empresa, que ya tenía un sumario administrativo) no acredita documentación debidamente recepcionada” por el denunciante, al tiempo que le cuestiona no haber informado tampoco las “características esenciales del servicio brindado hasta ese momento”.