La fiscalía alegó contra la teoría de Galeano que involucró a los policías

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el ex juez orquestó una línea investigativa que inculpaba a los agentes de las brigadas de Lanús y Vicente López a partir del testimonio de Telleldín y registros telefónicos deficientemente confeccionados por las empresas operadoras.

El alegato del Ministerio Público Fiscal continuó en la audiencia 115 del juicio por irregularidades en la causa AMIA ante el Tribunal Oral Federal 2. Los fiscales son los primeros en alegar en esta etapa final del debate y cuando concluyan, será el turno de la querella que representa al Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En línea con lo ya desarrollado en audiencias anteriores, el fiscal Roberto Salum expuso sobre el accionar de los imputados en el armado de una investigación que no sólo no arrojó luz sobre los hechos sino que, por el contrario, se intentó cerrar con pruebas y culpables falsos, que -si bien habían cometido delitos en el ejercicio de su función- no se relacionaban con el ataque terrorista a la mutual judía.

Específicamente en esta jornada, la fiscalía dio por probado que las detenciones a los entonces policías bonaerenses por el atentado fueron ilegales y que se basaron en pruebas “endebles”, las cuales el ex juez Juan José Galeano y los entonces fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, habrían desvirtuado para que encajaran con la versión de los hechos que relató Carlos Telleldín en su declaración indagatoria, por la que se habrían pagado 400 mil dólares con fondos reservados de la extinta Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Salum alegó también que los investigadores le dieron “un lugar protagónico” a esa historia previamente acordada entre el exjuez y el último tenedor conocido de la Trafic que habría explotado en la AMIA y se basaron en ello para acusar a los agentes bonaerenses, omitiendo los datos que lo desmentían.

Ni el entonces juez ni los exfiscales se preguntaron o pudieron explicar en la causa por qué dos años después de su detención Telleldín prestó una declaración diferente a sus dichos iniciales y recién en 1996 dijo que dos policías se llevaron la camioneta en el marco de una extorsión.

Según Galeano -dijo el fiscal Salum-, Telleldín tenía miedo de declararlo. “Galeano ocultó que Telleldín y los testigos hablaban a cambio de dinero. Y esta falsedad habla de cuál fue la actividad del juez en, quizá, el más importante resolutorio que dicta un juez de instrucción”.

Pero además de la indagatoria paga, para detener a los agentes de las brigadas de Vicente López y Lanús, los funcionarios judiciales de ese entonces necesitaron generar otras pruebas que los involucraran con el atentado y en particular con la Trafic que, según Telleldín, entregó el diez de julio de 1994.

En ese contexto, se citó al juzgado a los efectivos de la fuerza de seguridad provincial y se los presionó para que colaboraran con la hipótesis oficial. Esto surge, explicó Salum, de los testimonios de los policías en este juicio, quienes dijeron haber recibido amenazas y ofrecimientos a cambio de declarar contra el comisario Juan José Ribelli, Raúl Ibarra e Ireneo Leal, apuntados como los principales responsables. “Se estaba buscando quebrar a los policías testigos”, expresó el representante del Ministerio Público.

Galeano terminó por procesar a quince efectivos, diez de ellos con prisión preventiva, cuando sólo tres fueron señalados por Telleldín en su declaración.

Pese a que nunca se pudo probar la relación de los policías con el atentado -más que los hechos delictivos en los que efectivamente participaron, como extorsión y asociación ilícita- Mullen, Barbaccia y Galeano siguen sosteniendo que ese vínculo existe.

El informe de las llamadas

Según el Ministerio Público Fiscal, los entonces funcionarios de la Justicia Federal también justificaron la detención de los policías en base a los informes de las compañías de telefonía celular, que estaban repletos de errores, según asumieron las propias empresas con posterioridad.

Más allá de que la información proporcionada era parcial y confusa, el juzgado decidió usarla como prueba de cargo contra los acusados. “Hacía falta un mínimo de sentido común para ver que la información de las empresas era parcial pero parece que a nadie le importó porque podía servir”, alegó Salum.

A modo de conclusión, para la fiscalía quedó claro que el exjuez con el conocimiento y apoyo del Ministerio Público Fiscal, reunió prueba contra los ex policías de manera “tendenciosa”. Y que esto explica la presión a testigos e imputados para que declaren en determinado sentido, la omisión de pruebas que no coincidían con la versión paga y la elección selectiva de información de las telefónicas, prescindiendo de aquella que no ”cerraba” con la hipótesis buscada.