Cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La integran siete jueces de Estados miembros de la OEA. 21 países reconocen su competencia. Los casos más importantes que involucraron a la Argentina.

En el mundo hay tres ejemplos claros de tribunales regionales de protección de los Derechos Humanos: la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta última es la más cercana para la Argentina y para los países de la región.

Creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte IDH inició sus funciones en 1978. Es un tribunal, con sede en Costa Rica, compuesto por siete jueces de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que son elegidos por la asamblea general de ese organismo.

De los países que componen la OEA, 21 reconocen la competencia contenciosa del tribunal. Entre ellos, la Argentina. Otros países integran la OEA pero no han ratificado la Convención Americana y tampoco reconocen la competencia de la Corte, como Estados Unidos.

La Corte IDH puede condenar a un Estado miembro cuando se compruebe que haya incurrido en violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o tratados anexos.

Los jueces que integran el tribunal internacional “no representan los intereses de los Estados que los proponen como candidatos” y deben cumplir una función contenciosa y otra consultiva. Actualmente, la Corte IDH está conformada por el brasileño Roberto  Caldas (presidente), el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (vicepresidente), el colombiano Humberto Antonio Sierra Porto, el chileno Eduardo Vio Grossi, la costarricense Elizabeth Odio Benito, el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire y el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, que juró en febrero pasado. Los jueces son elegidos por seis años y sólo pueden ser reelegidos una vez.

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Zaffaroni asumió en febrero pasado.

Cómo llegan las denuncias

A este tribunal los casos pueden llegar de dos maneras: a través de la presentación de un Estado o cuando la demanda sea desplegada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las sentencias del tribunal son “definitivas e inapelables”, aunque lss partes pueden pedir es que la Corte emita una interpretación de la sentencia.

El tribunal además es el encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados de sus sentencias. Para ellos se vale de audiencias públicas con las partes. También tiene una función consultiva, donde responde las diversas preguntas que puedan llegar a realizar los Estados miembros de la OEA o los órganos que la integran.

Otra de las acciones que puede tener el tribunal internacional es adoptar “medidas provisionales” en los casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Estas medidas las puede solicitar la CIDH también.

De los países que componen la OEA, 21 reconocen la competencia contenciosa del tribunal. Entre ellos, la Argentina. Los siete jueces son elegidos para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelegidos una vez.

Bulacio, un caso emblemático

La Corte IDH falló casi una veintena de veces en casos en los que estaba involucrada la Argentina. Algunas de las causas marcaron historia: una noche de abril de 1991 Walter Bulacio, de 17 años, fue a ver un recital de Los Redonditos de Ricota en el estadio de Obras. En la puerta fue demorado por policía de la comisaria 35 que lo detuvieron, argumentando que había intentado colarse.

Una semana después, Bulacio murió como consecuencia de una golpiza que le dieron en esa comisaría. El expediente hablaba de “aneurisma no traumático”, pero resultó ser uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional.

En 2003, la Corte IDH le exigió al Estado investigar la actuación de los funcionarios judiciales que participaron en la causa Bulacio. También ordenó indemnizar a la familia y declaró que la causa era imprescriptible.

Walter “fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a una detención ilegítima”, reconoció el gobierno nacional en la sentencia.

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Las sentencias del tribunal son “definitivas e inapelables”.

Desaparición forzada en democracia

En agosto de 2011 la Corte IDH instó al Estado argentino a dar con el paradero de Iván Torres, un joven de 25 años que fue visto con vida por última vez en las primeras horas del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia. Desde entonces Iván no aparece. La policía provincial lo venía hostigando. Días antes de la desaparición, Iván ya había sido detenido, golpeado y amenazado. Su madre dijo que policías incluso habían realizado un simulacro de fusilamiento a la vera de la ruta.

El tribunal internacional ordenó investigar los hechos como una desaparición forzada. En julio último, a trece años de los hechos, la justicia recién dicto la primera sentencia en la causa: condenó a dos policías a 15 y 20 años de prisión y absolvió a otros seis.

Calumnias e injurias

Una de las sentencias más recordadas de la Corte IDH, y que tuvo un efecto concreto en nuestro país, es la que dictó el tribunal en el caso del periodista Eduardo Kimel. Ese fallo derivó en la modificación del Código Penal y en la despenalización de las calumnias e injurias en el país.

Kimel llegó a ser condenado a un año de prisión en suspensos por calumnias e injurias en una causa que le había iniciado el exjuez Guillermo Rivarola. El periodista había criticado en su libro “La masacre de San Patricio” el desempeño del magistrado en la investigación del asesinato de los cinco religiosos palotinos, en 1976

En mayo del 2008 la Corte IDH dictó un fallo en el que consideró que la sentencia penal “no cumplió con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad y, por ello, constituyó una restricción incompatible con la Convención Americana y violatoria de su libertad de expresión”.

En 2009 se eliminó el delito de calumnias e injurias del Código Penal y en noviembre del 2011 la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia que había condenado a Kimel.