Justicia santiagueña invita a ser parte de un tribunal popular

El Poder Judicial santiagueño organizó un simulacro de juicio por jurados para el próximo 15 de septiembre. En la provincia también buscan implementar esta herramienta, cuyo uso está contemplado en la Constitución Nacional desde su sanción, en 1853.

La idea de implementar el juicio por jurados llegó a varias provincias argentinas a través de sus respectivas constituciones. El caso de Santiago del Estero, en este sentido, es bastante reciente: en 2005, con la sanción y promulgación de su carta magna, se incluyó la utilización de este método para juzgar la culpabilidad de las personas. A nivel nacional, esta herramienta, inspirada en la Constitución estadounidense, figura en el artículo 118 desde el año 1853, cuando fue creada y sancionada.

Con miras a dar los primeros pasos en este sentido, el Poder Judicial santiagueño organiza un simulacro de juicio por jurados, que se llevará a cabo en un centro cultural de Las Termas de Río Hondo.

Todo ello, en el marco del XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, que tendrá lugar en la provincia.

Los requisitos para participar en el simulacro son muy similares a los que están contemplados en las leyes de las provincias que ya aplican esta metodología: ser argentino o argentina, mayor de edad, saber leer y escribir, contar con “pleno ejercicio de los derechos políticos”, tener un domicilio conocido y ser residente santiagueño.

Al mismo tiempo, no podrán formar parte los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los ministerios públicos (es decir, los órganos de fiscales y defensores); los abogados, escribanos, procuradores (que ejerzan) y los estudiantes de Derecho.

Jueces, no jurados

Pero, ¿a qué se debe esta prohibición de participar para quienes están vinculados a la administración de Justicia? A la esencia misma del juicio por jurados: es un tribunal ciudadano, compuesto por gente que no participa y no forma parte del mundo del Derecho, que, a través de audiencias orales, puede ver la evidencia y escuchar a los acusados y acusadores en un caso. Con todo esto, los integrantes de este órgano deben dar un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, a través de una votación anónima.

El espíritu de esta metodología tiene varios puntos fundamentales, como la democratización de la Justicia, es decir, permitir que los ciudadanos tomen una decisión que normalmente atañe a un juez.

Al mismo tiempo, vale aclarar que (y por ahora no se dio un caso contrario en Argentina) las penas no las imponen los miembros del jurado: los ciudadanos reciben la guía técnica de un magistrado, que les explica qué delito se está juzgando y, en caso de que el o la acusada sea declarado culpables, qué pena se les debe aplicar.