La Corte Suprema tucumana determinó en un fallo que las asociaciones de consumidores que llevan a cabo acciones colectivas no deben afrontar los gastos que se producen en el marco del proceso judicial.

Para proteger y fomentar esta forma de accionar, la Ley 24.240 establece de forma clara que estas organizaciones podrán llevar a cabo el proceso de forma gratuita. Y es por este motivo que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) afirmaron en un fallo que esto incluye a las costas del proceso: todos los gastos que se generen en torno a, por ejemplo, la asistencia letrada.

La queja surgió a raíz de que la Asociación de Consumidores del Noroeste Argentino (ACONOA) remarcara que no debía llevar a cabo un depósito judicial, precisamente, por lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Los integrantes del máximo tribunal tucumano recordaron, en este sentido, que todas las veces que se llevaron a cabo modificaciones sobre la gratuidad en los procesos judiciales, se las realizó procurando que no se limite el acceso a la Justicia con imposiciones económicas.

Al mismo tiempo, y citando fallos de otros tribunales, los magistrados afirmaron que este tipo de medidas se lleva a cabo para incentivar las acciones colectivas, y que apunta a proteger a muchas personas y no a una sola.

Los miembros de la CSJT también pusieron de relieve que la gratuidad en los procesos colectivos buscan generar un equilibrio entre el poder del que disponen las empresas u organismos en comparación a los consumidores, cuyas diferencias no son sólo económicas, sino de información.

Los jueces señalaron que “debe destacarse que éstas son personas jurídicas integradas por personas privadas que nacen de la unión estable de un grupo que persigue un fin de bien común no lucrativo, ello para satisfacer desinteresadamente intereses colectivos. (…) Y por ello hay un interés del Estado en sostener la actividad de estas asociaciones, porque su finalidad es social y trasciende la idea de lucro mercantil societario”.

El artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) establece: “Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley. Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.

Ley de Defensa del Consumidor (24.240): “Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.

Si bien la redacción es clara, es importante remarcar que las asociaciones de consumidores tienden a llevar a cabo reclamos de todo el colectivo que representan: son la ‘voz’ de todas personas afectadas por el mismo problemas. He allí un fundamento del fallo del máximo tribunal tucumano.