Reunión abierta

Proceso monitorio: una técnica judicial para reclamar obligaciones

Es un procedimiento judicial rápido y económico que permite reclamar el cumplimiento de determinadas obligaciones, cuando la persona demandada no se opone al proceso.

Dos reuniones de trabajo presenciales del programa Justicia 2020 se realizaron esta semana en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Una de ellas fue para recibir aportes sobre el “Proceso monitorio”, en el marco de la iniciativa del anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La otra fue una nueva reunión sobre “redefinición del horario judicial”.

El proceso monitorio es un procedimiento judicial rápido cuyo principal objetivo es reclamar, principalmente, el cumplimiento de obligaciones documentadas.

De acuerdo al texto de las Bases para la reforma procesal civil y comercial, la técnica monitoria está basada en un proceso simplificado. “Su objetivo consiste en el otorgamiento de un título de ejecución judicial, en forma rápida, económica y con escasa participación del órgano jurisdiccional, si el requerido no plantea oposición o defensa frente a la notificación de la decisión mediante la cual el juez ha admitido la pretensión monitoria”, dice el texto.

“Pensamos un proceso documental”, explicó el jurista Roland Arazi sobre el proceso monitorio, que está en debate y espera aportes. Arazi integra la comisión redactora del nuevo Código Civil y Comercial y estuvo explicando la necesidad de que este tipo de proceso se cuente con “un instrumento con firma certificada o previa preparación de la vía monitoria”.

Para ejemplificar este tipo de procesos, Arazi contó que en el caso de un contrato de locación con los plazos vencidos, pero que tiene firma certificada, se podría “dictar una sentencia monitoria o provisoria sujeta a la condición de que una de las partes no se oponga”. Recordó que el derecho a defensa está garantizado.

Valeria Maisky es investigadora de la Universidad del Salvador y participó de la reunión de trabajo. Mostró preocupación con “la notificación” y la necesidad de “profundizar la forma de notificación al deudor”, porque, justificó, “el 30 por ciento de los problemas se dan en las notificaciones”. “La notificación electrónica produjo un gran beneficio”, aportó el actual secretario de un juzgado civil, Alejandro Pastorino. “La idea es solucionar un conflicto de las personas”, agregó la fiscal porteña Laura Perugini.

“Estamos buscando otras maneras”, recordó el integrante de Justicia 2020 Juan Pablo Marcet. Y detalló que, por ejemplo, “se ha planteado en algunos foros la hipótesis de notificar a través de nuestros domicilios fiscales electrónicos”.

En España, aproximadamente el 60% de los procesos responden a la técnica monitoria: de ellos, en casi el 40% el demandado no se opone a la continuidad de la ejecución. En Uruguay cerca de un 45% de los procesos son monitorios: en más del 80% de los casos, los demandados no plantearon defensas. En Alemania se inician anualmente unos siete millones procesos monitorios y solo en el 11% de los casos se interpone oposición por parte del deudor.

El horario judicial    

Además de la reunión por los procesos monitorios, se realizó la tercera reunión de trabajo sobre ampliación del horario judicial.

“Somos críticos del régimen actual y del mantenimiento de un horario limitado”, explicó Marcet al abrir la segunda reunión. Y fundamentó: “Implica un horario ajeno a la mayoría de las actividades”.

La discusión y los aportes rondaron críticas a los jueces y funcionarios judiciales, que muchas veces tienen cargas de tiempo muy grandes en términos de docencia. Pastorino sostuvo la necesidad de “reglamentar el horario de docencia” y aclaró que “es el momento de discutir el horario judicial”.

“Se necesita la experiencia del juez y del abogado en la docencia”, agregó el abogado Carlos González, aunque aclaró que, a veces, “se confunde lo docente con lo administrativo”.

María Victoria Aloé, por su parte, aportó que “una extensión de dos horas significaría una mejora del 30% en el servicio de justicia” y que, además, “se podría hacer donde se necesita”. Sobre la feria judicial, Aloé dijo que “los plazos no corran, para no perjudicar a los abogados”.

Marcet recordó que existe una necesidad de “una gestión digital”, puesto que muchas veces “estamos utilizando las computadoras como un expediente papel”.