Juicio político: cuando los jueces se sientan en el banquillo

Por definición los jueces son autónomos e independientes y sus cargos son inamovibles. Sin embargo, la Constitución establece las causas que ameritan destituciones y define los procesos para ejecutarlas.

En la historia reciente de Argentina no son muy comunes los juicios políticos a jueces. Lo más recordados pueden ser los que se les hicieron a algunos integrantes de la denominada “mayoría automática”, una integración de la Corte Suprema de Justicia de los años 90. En ese entonces, el proceso a Eduardo Moliné O’Connor en 2003 culminó con su destitución por “mal desempeño en sus funciones” al darse por probado dos de los nueve cargos que había en su contra.

De aquella conformación participaron Julio Nazareno, el emblema y presidente, que fue el primero en retirarse renunciando en pleno juicio. Guillermo López y Adolfo Vázquez también dimitieron y Antonio Boggiano enfrentó el juicio y la destitución. Mientras que Augusto Belluscio, uno de los únicos que había salido indemne, se jubiló en 2005.

“Todas morochas, ni una rubia contratan”

Rosa Elsa Parrilli fue quien dijo esa frase en septiembre de 2009 cuando fue a retirar su auto a la playa de infractores que había sido removido por mal estacionamiento. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar. Por aquel entonces Parrilli era la jueza del juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y ese comportamiento le valió su destitución.

“Yo soy jueza”, les gritó Parrilli a las empleadas esa tarde. El 16 de julio de 2010 el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires la destituyó en su cargo. El tribunal consideró que cometió “abuso de poder” y que sus expresiones significaron un “proceder ilegal y autoritario” donde su conducta “no puede ser considerada una simple falta de decoro pasible de una mera sanción administrativa. Al invocar su calidad de jueza del fuero específico que debe entender… tuvo por finalidad inmediata incumplir la ley”, consignaron en aquella sentencia.

Los jueces de la dictadura

Los casos de los exjueces federales Luis Miret y Otilio Romano son emblemáticos en cuanto a la participación de magistrados durante la última dictadura. Ambos fueron destituidos de sus cargos por mal desempeño en sus funciones y hoy enfrentan a la justicia un juicio oral en Mendoza por la desaparición de doce personas.

A Miret los acusadores (el Consejo de la Magistratura) durante el jury le dijeron que “actuó sin valentía ni principios…demostrando un absoluto despreció sobre por la ley y la Constitución”. Romano fue acusado por omitir “en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad” cometidos entre los años 1975 y 1983.

Un jury sin destitución

Axel López es juez de ejecución Penal y es uno de los casos cuyo final no fue la destitución. López había sido denunciado por mal desempeño en sus funciones por haber otorgado salidas transitorias a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por violación. En una de esas salidas, Cabeza asesinó a Tatiana Kolodziez. Actualmente cumple prisión perpetua.

A principios del año pasado se inició el juicio político en su contra y López tuvo como defensor al exministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. El tribunal no alcanzó los cinco votos necesarios para destituirlo y entre sus argumentos explicó: “No es la destitución del juez el remedio contra las malas decisiones cuando éstas se toman en el marco de la interpretación posible de una norma”.

La destitución del juez que llevó el caso AMIA

En agosto de 2005 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó a Juan José Galeano como juez federal por haber cometido graves irregularidades en la investigación del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. Entre las 13 acusaciones que tenía en su contra, el jurado consideró el pago a Carlos Telleldín para que cambiara su declaración e involucrara a cuatro policías. “El magistrado incumplió los deberes éticos y legales que regulan su actuación jurisdiccional”, dijo el jury.

Cabe recordar que actualmente se lleva adelante el juicio por encubrimiento del atentado a la mutual judía donde Galeano es uno de los imputados acusado de encubrimiento, abuso de su autoridad, ocultamiento y destrucción de medidas de pruebas, falsificación de  documentos públicos y peculado, porque propuso y gestionó el pago a Telleldín.

Un juicio político que nunca terminó

Uno de los procesos recientes no fue de un juez, sino de un fiscal.  En 2014 el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público llevó adelante un juicio político contra el fiscal José María Campagnoli que no llegó a tener sentencia. En aquel jury que quedó inconcluso se lo acusaba de, entre otras cosas, “haber cambiado el objeto procesal de una causa”, “abuso de autoridad” y de tener una “actitud desafiante frente a las instituciones”.

Por el proceso pasaron periodistas, juristas, abogados y legisladores pero finalmente, a fines de ese año, el tribunal archivó el juicio político porque desde su inicio pasaron 180 días y no hubo sentencia.

Salvando la jubilación

Una mención especial merecen también los procesos de juicio político que no pueden llegar a su fin porque los magistrados implicados renuncian a su cargo en el trayecto y, de esta manera, cuando la renuncia es aceptada pueden mantener la jubilación que les corresponde a los jueces jubilados.

En los últimos años muchos son los casos de los jueces que para no afrontar el juicio político presentaron su dimisión. Se recuerdan los de por ejemplo el juez penal Alfredo Barbarosch, acusado de querer trompear a colegas en el estacionamiento y maltrato a empleados judiciales o el del juez civil Diego Sánchez, que llegó a poner en sentencias judiciales que sus colegas mujeres eran “brujas”.

A ellos se suman las dos renuncias reciente del exjuez federal salteño Raúl Reynoso, que se aceptó poco antes de que comience el juicio político y la más reciente de José Antonio Charlin, acusado de acoso sexual, maltrato, amenazas y malversación de fondos. Estos últimos aún tienen que responder ante la justicia penal. Reynoso se encuentra preso acusado de beneficiar a narcotraficantes.

Existe un caso que tuvo una diferencia que es el del excamarista de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, puesto que no llegó a escuchar la sentencia porque un día antes de eso se le aceptó la renuncia y el jury se tornó abstracto.