Cómo se realizan los jury en diferentes ciudades del país

Magistrados y fiscales deben enfrentar un jurado de enjuiciamiento cuando son acusados por mal desempeño o la comisión de algún delito. En la Ciudad de Buenos Aires, Salta y Córdoba, esos procesos son orales y públicos.

En 2015, dos expedientes, el 37.904 y 38.015, buscaron llevar al banquillo de los acusados a cinco operadores judiciales salteños. En el primer caso, el acusado fue un fiscal penal, en el segundo, dos jueces, un fiscal y un asesor de incapaces. Casos como esos se repiten en Córdoba y Buenos Aires, también. Lo que sigue, es una comparativa de requisitos, criterios de admisibilidad y sentencias entre las tres jurisdicciones.

En Salta, la ley provincial 7138 dispone que serán sometidos a un jurado de enjuiciamiento -popularmente conocido como ‘jury’- los jueces y fiscales acusados por un delito común, mala conducta, retardo de justicia, mal desempeño o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, desde 2001.

En Córdoba, la Ley 7.956 sancionada en 1990 -y modificada en 2014 por su par 10.190- reza que los magistrados y funcionarios judiciales son “inamovibles” y que conservan sus cargos mientras dure su buena conducta. Sin embargo, especifica que pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica. No obstante, gozan de inmunidad de arresto, al igual que los legisladores.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura porteño es el encargado de realizar un proceso de remoción de magistrados y fiscales, según lo dispone la resolución 21 -de abril de este año- en el marco de las leyes porteñas 31 y 54.

La norma establece las facultades disciplinarias que pueden ejercer los integrantes de la Magistratura y el Ministerio Público, excluyendo a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal General, al Defensor General y al Asesora General Tutelar.

Una característica que comparten las tres jurisdicciones es que los jury son procesos orales y públicos.

En cuanto a su integración, en la provincia mediterránea, quienes conforman un jury son un vocal del Tribunal Superior de Justicia y cuatro legisladores, letrados si los hubiere y dos por facción política mayoritaria y minoritaria. En el Poder Judicial salteño se decidió que composición sea la misma, con el adicional de un fiscal de Estado, más dos abogados designados por la Legislatura, uno por cada una de sus cámaras.

En tanto, en CABA, el cuerpo de magistrados lo forman nueve miembros: tres legisladores, tres abogados y tres jueces, entre ellos, el presidente de Tribunal Superior. Una diferencia con el resto del país es que en la Capital Federal son seleccionados por sorteo de una lista de 24 miembros, entre jueces supremos, legisladores, jueces ordinarios y abogados (Ley 54).

La denuncia a jueces o fiscales la puede realizar cualquier ciudadano en tanto y en cuanto tenga la prueba suficiente para respaldar la acusación porque será requerido por los integrantes del jurado. En la Ciudad, el denunciante puede reservar su identidad cuando la gravedad de los hechos lo amerite, y presentar su denuncia por escrito en la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura.

La denuncia anónima no tiene efecto en sí misma, salvo en casos específicos aprobados por la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. Al denunciado le asiste la posibilidad de un descargo, y la comisión dispondrá de 5 días para emitir dictamen de acusación.

En la provincia norteña se detalla que la acusación de un ciudadano debe ser presentada por escrito y firma de un abogado patrocinante -condición que en discusión por estos días en la Legislatura-, junto con la prueba recabada. El acusado cuenta con diez días para contestar.

Acusación, condena, inhabilitación

Con respecto a la sentencia, en esa provincia la ley que delinea un proceso de jury expresa que se “reprimirá al acusador malicioso con multa”, tal como ocurrió en el caso planteado antes con el número de expediente 38015.

En la Ciudad, se prevé primero una suspensión preventiva durante el proceso. Tras un veredicto condenatorio, el integrante de la magistratura o del Ministerio Público será destituido de su cargo. Y la resolución es irrecurrible, no puede ser modificada. En tanto, si el proceso de acusación supera los 90 días sin pronunciamiento, debe ordenarse el archivo de la causa. Córdoba, por su parte, dispone que el fallo condenatorio conlleva la “inhabilidad absoluta” para desempeñar cargos en la Justicia provincial.

Por último, una coincidencia en las tres jurisdicciones es que los jury son procedimientos orales y públicos, garantizando debidamente el derecho de defensa del acusado.