Impulsan registro provincial público de jueces y fiscales

Una propuesta ingresada en la Legislatura santafesina busca crear una base de datos virtual para acceder a la información de antecedentes académicos, profesionales y patrimoniales de magistrados y funcionarios judiciales.

En orden a generar transparencia en cargos del Estado, la Legislatura de Santa Fe recibió un proyecto de ley que prevé que tanto jueces como otros funcionarios judiciales formen parte de un registro virtual con sus antecedes académicos, profesionales y patrimoniales.

Propone dar publicidad al historial de las personas que ocupan cargos con relevancia en los poderes del Estado. Esa información sería acompañada de datos del orde de las causas pendientes de resolución en el órgano judicial que integren, sanciones recibidas (si existieran) y revocatorias o nulidades de sus fallos.

La iniciativa ingresó a la Cámara baja provincial y pertenece al diputado de Cambiemos, Roy López Molina, que fundamentó el su iniciativa en la pretensión de “dar transparencia y conocimiento de quienes integran un poder muchas veces lejano al ciudadano y brindar mecanismos que habiliten un seguimiento acabado de la gestión, más allá de la suscripción de sentencias”.

De aprobarse la iniciativa, los datos serán actualizados al menos una vez al año: en el registro estarán consignadas, entre otras cosas, una foto oficial y datos personales que no afecten a la intimidad de los jueces o funcionarios judiciales, como así también reconocimientos por su ejercicio en los cargos que ocupen.

Uno de los puntos más importantes de la iniciativa es la inclusión en el registro de la declaración jurada que llevan a cabo, ante la Corte Suprema provincial, los integrantes del Poder Judicial alcanzados por la propuesta. Esto los equipararía con los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, con la diferencia de que estas últimas son públicas.

En ese orden, el autor de la norma recordó que la Ley 26.857 “garantiza la publicidad de las declaraciones juradas establecidas por la Ley de Ética Pública”, estando “obligados” jueces y fiscales.

La propuesta también se acopla a la legislación nacional sobre la Ética en el Ejercicio de la Función Pública en relación al acceso a la información, ya que busca crear una plataforma digital para contener todos estos datos.