El derecho al hábitat en fallos de diversa índole

Distintas sentencias de jueces de varias jurisdicciones establecieron la vigencia del derecho al hábitat como un bien incuestionable. Tanto relocalizaciones, como reconocimientos de propiedad de hecho son los ejemplos.

Uno de los casos más recientes se dio en La Plata, donde la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a una acción de amparo presentada por una asesora de incapaces y ordenó al gobierno provincial y a las municipalidades de Berisso y La Plata a que se den soluciones habitacionales a grupos vulnerables que viven en los márgenes de los arroyos Del Gato y Maldonado. Se trata de familias que se vieron afectadas durante las inundaciones de 2013. Para ello el magistrado hizo hincapié en el derecho al hábitat de las personas.

El juez provincial Luis Arias sostuvo en la sentencia que “el entorno que habitan tiende a retroalimentar el deterioro en las condiciones de vida”. Por eso explicó que se encuentra “en juego” el derecho a una vivienda adecuada pero como algo que “no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental”.

La situación de 33 familias son las que analizó en la sentencia, Arias y ordenó al gobierno provincial y a los municipos a que relocalicen a las familias que viven en la cuenca de los arroyos Maldonado y Del Gato y que se ejecute la limpieza de ambos lugares.

Naturaleza y hábitat

“El hábitat digno está en la tierra, en la naturaleza, en la salud, en la educación y en la cultura nuestra”, dijo Ramón Díaz de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA) el año pasado durante unas jornadas de por el Hábitat Digno realizadas en el cine Gaumont. La justicia pareció escuchar.

A fines de marzo pasado la sala E de la Cámara Comercial suspendió el remate de un inmueble en el que habitan miembros de la Comunidad Indígena La Unión de Diaguitas y Calchaquíes de Salta, hasta que se determine y demarquen  las tierras cuya propiedad comunitaria invocan las comunidades.

“La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y la personería jurídica de sus comunidades, como así también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y la obligación de regular otras aptas para el desarrollo humano (art. 75 inc. 17)”, dice la sentencia firmada por los jueces Angel Sala, Elza Uzal y Hernán Monclá. 

La Corte Suprema y el caso “Quispe”

El caso de una mujer que vive en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2000 “en situación de calle”, con su hijo discapacitado, fue una de las sentencias más recordadas del máximo tribunal del país. Hace cuatro años, en abril de 2012, los jueces ordenaron que se garantice un alojamiento “con condiciones edilicias adecuadas”.

Para ello, entre otros argumentos, los jueces se valieron de que la propia Constitución de la Ciudad (que por estos días cumple 20 años) “reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”. El caso “no constituía un simple supuesto de violación al derecho a la vivienda digna”, explicaron los jueces teniendo en cuenta la presencia del menor discapacitado.Viviendas (1)

Una ley y la función social de la propiedad

Aprobada en 2012, y promulgada en 2013, la Ley de Acceso Justo al Hábitat fue producto del trabajo de movimientos sociales, organizaciones y universidades, que gira en torno al concepto de función social de la propiedad, un principio básico que respeta el derecho a la propiedad, pero este derecho no resulta absoluto sino que es relativo, limitado por los derechos colectivos.

Este principio tiene jerarquía constitucional puesto que en 1994 se incorporaron en la Constitución Nacional los tratados internacionales donde el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero el Estado puede subordinar ese uso y goce al interés social”.

En marzo pasado la justicia le ordenó a la desarrolladora inmobiliaria TGLT SA la entrega de estudios técnicos de la construcción del barrio náutico Venice, en Tigre. La sentencia, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martin, hace referencia a un emprendimiento que se realiza justo al lado del barrio “el Garrote” donde las 800 familias reclaman la urbanización del barrio.