El derecho a la vivienda en varios fallos de diversa índole

Los conflictos que muchas veces se dan en torno a las viviendas ante la justicia pueden tener innumerables aristas al momento de ser analizados por los magistrados a los que les llegan los expedientes.

Desde el cumplimiento por parte del Estado del derecho a una vivienda digna hasta la resolución sobre embargabilidad de viviendas únicas pueden pasar por los estrados judiciales. Algunos casos.

 Adjudicado y desadjudicado

En 2009 el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Salta le adjudicó provisionalmente una vivienda a un hombre que se comprometió a ocuparla inmediatamente pero con el tiempo y distintas inspecciones del IPV provincial se comprobó que esta estaba desocupada y por eso el organismo le revocó la adjudicación. El hombre fue a la justicia y finalmente la Corte salteña confirmó la desadjudicación de la vivienda.

Según la sentencia firmada en agosto de este año, no se aportaron pruebas que acrediten “una causal de justificación razonable que la eximiera de cumplir con esa carga (ocupar la vivienda)”. Los jueces entendieron que el hombre era “titular de un derecho imperfecto, una simple situación precaria, que puede ser extinguida por la administración cuando exista una causa justa para ello”.

La vivienda y la Corte

Aunque la Corte Suprema ya se expidió alguna vez en el reconocido caso “Quispe”, cuando en 2012 ordenó se garantice un alojamiento “con condiciones edilicias adecuadas” de una mujer que vive “en situación de calle” desde el 2000 junto con su hijo discapacitado, también debió fallar sobre si la vivienda era embargable o no en un caso donde un hombre no habitaba la casa en juego.

En junio de este año el máximo tribunal del país sostuvo que no se podía invocar la norma que sostiene que las viviendas únicas propias obtenidas a través de créditos del Banco Hipotecario Nacional son inembargables. Haciendo suyos argumentos de la procuración general explicaron que “los inmuebles no destinados a la vivienda propia son ajenos al alcance de la norma citada”.

El orden de los factores…

Hace cinco años una familia ingresó a vivir en una vivienda del IPV salteño sin que esta le haya sido adjudicada. Cuatro años estuvo viviendo allí y ante la falta de intimaciones, de buena fe, presentó un amparo en la justicia para que esta le sea adjudicada. Luego de esos cuatro años, el IPV comenzó con el proceso para desalojar al hombre y su familia.

Para el IPV “no se trata de un poseedor” sino de “un ocupante ilegal que mediante extorsión Construcción1pretende obtener una vivienda”. Los jueces provinciales lo vieron de igual manera y consideraron “ilegitimo” el accionar del hombre “en detrimento de aquellas personas que efectivamente se encuentran a la espera de la obtención de una vivienda y que efectuaron las gestiones en debida forma”.

Razones de urgencia para una vivienda

También este año, la justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad ordenó relocalizar a una familia numerosa (ocho personas) por “el peligro de derrumbe a que están expuestos y el hacinamiento de sus ocupantes”.

Desde la administración local sostenían la posibilidad de reconstruir la vivienda de 28 metros cuadrados en la que vivía la familia pero la justicia consideró que “no era posible” ordenando  “una solución habitacional que permita su urgente relocalización en un sitio acorde a las limitaciones de movilidad” del único adulto.