Gran convocatoria en la primera mesa participativa

En el marco de la comisión penal del programa Justicia 2020, representantes del ámbito judicial, tanto como de la sociedad civil comenzaron a tratar las más de 70 propuestas que se remitieron para ser consideradas. 

Una de las razones para postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) apunta a una cuestión de fondo: La normativa no tenía una estructura ni plazos acordes para los delitos federales que debe investigar y sancionar.Se abrió entonces un proceso de consulta y debate participativo para incorporar ajustes al futuro Código, que ahora se formalizó con la primera reunión de la mesa de legislación penal de Justicia 2020.

Bajo la coordinación del director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación penal, Carlos González Guerra y un equipo de asesores del Ministerio, una mesa repleta de jueces, fiscales y otros operadores de la Justicia discutieron codo a codo junto con actores de la sociedad civil cuáles son los puntos a repensar. Uno de los primeros en hablar fue Matías Bagnato, único sobreviviente de lo que se conoció como “La masacre de Flores”, cuando un hombre incendió su casa y asesinó a sus padres y hermanos menores.

“Les pido disculpas si no uso términos legales, no soy abogado”, se excusó Bagnato, pero González Guerra lo interrumpió. “Este es un espacio de diálogo abierto en el que cualquiera puede participar y en todo caso somos los abogados los que debemos traducir los aportes a figuras legales”.

Miembro de la ONG Usina por la Justicia, Bagnato puso entonces en el centro del debate la participación de la víctima y exigió que sea escuchada y protegida en los procesos judiciales. A su lado estaba Guillermo Bargna, padre Soledad, una joven asesinada en Caballito en 2009, y otros miembros de la organización.

Las primeras reuniones de discusión comenzaron en enero. El equipo de asesores del Ministerio y referentes que se fueron acercando, trabajaron semana a semana para delinear los problemas a resolver que encontraron en el texto.

La convocatoria fue espontánea y los avances, rápidos. “Asesores, fiscales, jueces vinieron voluntariamente al Ministerio y conformamos un grupo fluctuante de discusión, aunque no de redacción aún, acerca de la necesidad de adaptación de este nuevo Código a la estructura de delitos federales, a su complejidad”, contó González Guerra.

“Lo principal era federalizar el Código, actualizarlo, darle más potencia a las nuevas técnicas de investigación, incorporar nuevas tecnologías a la investigación y la prueba, dar mayor participación a la víctima y corregir las cosas que creíamos que estaban mal técnicamente”, indicó Martín Casares, subsecretario de Política Criminal.

Otra parte del proceso de ajuste participativo tuvo que ver con relevar lo ya hecho. “Se habían hecho audiencias en las que los especialistas fueron a opinar de la reforma, pero eso sucedió tan rápido y en paralelo al trámite legislativo que nada de eso fue tenido en cuenta”, explicó Casares. Desde el Ministerio, se ordenó entonces analizar todas las versiones taquigráficas de esas audiencias para revisar qué otros aportes que podían servir, habían quedado relegados.

El proceso entró ahora en la etapa de discusión fina. Tan solo en la primera semana de abierta la convocatoria a participar del grupo de trabajo sobre legislación penal del programa Justicia 2020, se anotaron 500 personas. A todos ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los invitó a enviar sus ajustes y propuestas de redacción específicas para artículos del Código.

“El objetivo de Justicia 2020 es poner a la justicia de cara a la sociedad. Pretendemos que sea un espacio de transparencia activa de la gestión del Ministerio”, dijo ante los invitados el coordinador del Programa, Héctor Chayer. Como resultado del trabajo de estos encuentros e intercambios, se elaborará un borrador que estará disponible en la página del Ministerio.

“Nosotros lo que queremos es un sistema eficiente, no nos interesa tener nuestro proyecto aprobado”, subrayó ayer González Guerra y agregó: “si mi proyecto estipulaba un plazo para una cosa pero los operadores te dicen que es imposible en la práctica, entonces lo cambiamos”.

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