Las pintadas callejeras se reproducen en todas las ciudades con normativas y opiniones diversas. A favor o en contra, el aerosol y sus colores. Aunque sus orígenes se remontan al Imperio Romano, prolifera en la actualidad. 

Dibujos, trazos anárquicos o escrituras legibles, algunas como formas estéticas o meras expresiones discursivas,  irrumpen, de improviso, en muros, transportes y monumentos, que quedan así intervenidos u ornados de materiales ajenos, a partir del hacer de aquellos que se dedican al universo del grafiti.

Desde su irrupción más sistemática en la década del 80 en la Argentina, se ha desatado una dilatada polémica en torno a si este tipo de modalidad expresiva encarna una actividad de índole artística o si simplemente se trata de un acto delictivo que atenta contra la propiedad privada y los bienes comunes de la sociedad.

Yendo a las leyes, en un plano general, la afectación de bienes está contemplada como delito en el artículo 183 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.

A raíz de un episodio en el que algunos vagones del subte de la Ciudad de Buenos Aires fueron pintados por artistas callejeros, la Legislatura porteña discutió y aprobó un nuevo régimen de sanciones para quienes cometan este tipo de actos. De esta forma, se modificó el artículo 80 del anexo de la ley 1.472 –que es el Código Contravencional o de Faltas- en julio de 2014. Desde ese momento, la normativa establece que  “quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada”, será “sancionado con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o con una multa que oscilará entre los doscientos y los tres mil  pesos”.

La polémica entusiasma y las opiniones crecen.

Opinion en redes

eugenio

Eugenio Paschetto, director de TV, 37 años, @euyenius

“Ninguna expresión artística, y el grafiti lo es, puede ser considerada un delito”.

korso

Lucas Korso,  bibliotecario, 30 años, @Lucas_Korso

“Desde Basquiat hasta aquí, el grafiti cumplió la función de ser un canal de expresión del pueblo. No debe ser considerado un delito contra la propiedad”.

Kloster

Agustín Kloster, 26 años, abogado, @kloster2032

“Un grafiti puede ser arte si se hace en un lugar habilitado o con permiso. Si no, es un daño a la propiedad privada y/o pública”.

En términos mayoritarios, quienes participaron del debate rescatan la función artística del grafiti, aunque sostienen que alterar espacios públicos y privados implica un perjuicio que debe ser contemplado y que debería tener algún tipo de reparación. Para Mariana Coccaro (33), la cuestión no conlleva demasiados grises: “Me inclino a pensar que es arte porque es una forma de expresión del ser humano y tiene una intención de transmitir y producir algo en el otro. Pero sería deseable que haya lugares claros donde poder expresarse. Hay que diferenciar el street art y las intervenciones urbanas del vandalismo”.

Por su parte, Lucía Parravicini, 31 años, opina que “es una expresión artística que, en casos más específicos como el street art, fomenta el turismo porque hay zonas que pasan a ser consideradas museos a cielo abierto. En cuanto al TAG, la manifestación básica del grafiti con la firma del autor, que se hace en trenes o instituciones públicas, hay margen para debatir si es o no arte”.

El empresario gastronómico Alejandro Agostinelli (52) fijó posición: “Amo a las ciudades donde las paredes te hablan, más allá de la calidad, ya que al alarido bestial de una criatura, por miedo o ira, necesita desesperadamente expresarse y no le podés pedir un Picasso”.

En la posición antagónica, Enrico Khan (39), creativo publicitario, expresa que “el que escribe ´aguante´ o lo que sea en la pared de una propiedad privada es un tonto y si lo agarran debería ser castigado, mínimo, con una multa”.

Las sanciones citadas previamente “se elevan al doble cuando la acción se realiza desde un vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios, edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos o de trenes. En caso de que se trate de bienes de propiedad privada, la acción es dependiente de instancia privada, excepto en el caso de templos religiosos”.

Lo regular es que sean los órganos del Ejecutivo locales los que se encarguen de sancionar al arte callejero. Se trata, en todos los casos, de contravenciones. En Tandil, por ejemplo, se llegó a un acuerdo entre el Concejo Deliberante y el Municipio para crear un espacio en el que se podían realizar pintadas.

En 2009, los integrantes de la Sala V de la Cámara del Crimen rechazaron el sobreseimiento de seis artistas callejeros que pintaron un inmueble. En la causa, los jueces manifestaron que los grafittis “tienen carácter permanente sobre el bien y su remoción exige una tarea material apreciable en dinero, cuya realización no descarta la posibilidad de que subsista una modificación en la sustancia o en la naturaleza de la cosa”. En términos internacionales, en el estado mexicano de Querétaro existía una ley que penaba con cárcel a los artistas callejeros que fueran atrapados llevando a cabo una de sus obras. Pero, en febrero de 2015, la legislación fue modificada y ahora solo existe una sanción “administrativa”: quienes generen un daño a una propiedad ajena deberán repararlo. Eso los exime de la culpa.

En el resto del mundo

En el Estado mexicano de Querétaro existía una ley que penaba con cárcel a los artistas callejeros que fueran atrapados llevando a cabo una de sus obras. Pero en febrero del año pasado la legislación fue modificada y ahora solo existe una sanción “administrativa”: quienes generen un daño a una propiedad ajena, deberán repararlo. Eso los exime de la culpa.

Otro caso de gran renombre fue cuando, en 2004, los grafiteros chilenos Eduardo Cadima y Enzo Tamburrino fueron condenados, aunque con libertad condicional, por pintar la pared de un cementerio Inca en la ciudad peruana de Cusco. Se les fijó una fianza de 17 millones de pesos peruanos (recordemos que esto es previo a la creación de la nueva moneda, el Sol, así que quizás el monto no sea tan alto en definitiva).