En la búsqueda de un Código Procesal más rápido y eficiente

Con la participación de ciudadanos de todo el país, la reforma avanza en temas claves y puntuales para que la herramienta sirva como un recurso a favor de dar mejores respuestas desde el sistema judicial.

La decisión de suspender la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, prevista para marzo de este año, se apoyaba en una idea central. No estaban dadas las condiciones para la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio y la norma debía regular los procedimientos para resolver delitos federales, que en su mayoría son de alta complejidad.

Sin embargo, la ley 27.063 apenas consignaba un capítulo dedicado específicamente a los delitos complejos. Desde el programa Justicia 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsó entonces una propuesta participativa abierto a toda la comunidad para discutir los ajustes necesarios.

En pleno proceso en marcha, el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación penal, Carlos González Guerra, adelanta cuáles son los temas clave de la reforma.

“Al tomar como base esta idea de que el Código va a ser un Código Procesal Penal Federal -su implementación comenzará desde el norte y el sur del país- nos vimos en la necesidad de empezar a estudiar esquemas procesales pensados para delitos complejos”, dijo González Guerra y explicó que relevaron todos los códigos procesales penales provinciales, los proyectos anteriores y normas procesales de otros países. “A partir de allí y luego de un intenso debate en el grupo de trabajo, seleccionamos una serie de herramientas que nos permiten realizar investigaciones en este marco de delitos más complejos, aunque es importante subrayar que se trata de instrumentos de carácter claramente excepcional”, agregó.

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Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación penal.

Una de estas nuevas incorporaciones es la figura del agente encubierto, una persona de la fuerza de seguridad que se introduce en una organización con identidad reservada para brindar información al juez y al fiscal que realizan la investigación. También se suma la de informante, que aunque en realidad en los procesos penales ya funciona, de lo que se trata acá es de reconocer su existencia y de ese modo, ponerle un marco de requisitos que hoy no tiene. “La información que llega es extraoficial, nadie sabe muy bien las circunstancias, se dice que se recibió una denuncia anónima, pero ahora la figura del informante estará debidamente regulada”, dijo González Guerra.

Por otro lado, también se prevé incorporar en la reglamentación una serie de medidas de vigilancia: acústica –sirve para escuchar conversaciones no mediatizadas-, de las comunicaciones, remota sobre equipos informáticos, a través de dispositivos de captación de imagen –fotografía y video-, y de seguimiento o localización –como las pulseras.

“Muchas de estas medidas ya existen, pero esta es una forma de legitimarlas y darles un marco legal que regularice su uso”, dijo el director nacional y agregó que “son todas de uso excepcional que consideramos podrían permitirse en el marco de los delitos complejos para el caso de situaciones especiales y siempre con la debida autorización de un juez”.

Para regular el uso de estas herramientas, se prevé incluir un artículo específico que determine los criterios de razonabilidad que deberán aplicarse para decidir si es factible incorporarlas a una investigación.

“Es un doble filtro en el que primero debe tratarse de la investigación de un delito complejo y luego, es requisito que el fiscal se lo pida al juez y que éste autorice sobre la base de exigencias expresamente previstas en la ley que marcan la excepcionalidad del instrumento. Hay varias exigencias que acreditar por parte del juez, no puede autorizar estas medidas así porque sí”, subrayó González Guerra.

Entre otros requisitos, se le pedirá al juez que compruebe la verosimilitud de la sospecha sobre el autor o partícipe de un delito, la probabilidad de que con la autorización de la medida se lograrán resultados significativos y que descarte que no haya otra medida que pueda llegar al mismo objetivo sin comprometer los derechos de la persona investigada. El beneficio para el interés público debe superar ampliamente los intereses afectados.

“Lo que estamos proyectando incorporar en el nuevo código procesal es justamente un juicio de razonabilidad que debe hacer el juez para evaluar si no hay una herramienta menos invasiva, si se dan todos los requisitos necesarios para que la excepción se cumpla. Si esto está dado, entonces sí puede el juez autorizar estas medidas especiales de investigación”, señaló el Director.

“Este es el núcleo de la reforma: pensar en un Código Procesal Penal Federal a la luz de los delitos complejos para que las investigaciones se resuelvan más rápido y de un modo más eficiente respetando las garantías del debido proceso”, concluyó González Guerra.