Foto: Stephanie Bridger

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, destacó que la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción son la base para el crecimiento del país. Fue en el marco del II Congreso de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica.

El “fortalecimiento del estado de derecho” como herramienta para consolidar el “crecimiento del país con proyección a futuro” fue la premisa con la que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dejó inaugurado el Segundo Congreso Bienal de Seguridad Jurídica, pobreza y corrupción en Iberoamérica.
En línea con los objetivos que esa cartera impulsa desde su plataforma Justicia 2020, el encuentro se plantea como un foro para abordar la seguridad jurídica y la lucha contra la pobreza y la corrupción en la región, sobre la base de estudios que demuestran que los países más corruptos son los más pobres.

Stephanie Bridger
Garavano en la apertura del Congreso, realizado en la Bolsa de Comercio
Garavano en la apertura del Congreso, realizado en la Bolsa de Comercio

El espacio, que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es organizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la cátedra jurídica de la Universidad de Girona de España.
Garavano encabezó la apertura con un discurso que giró en torno a dos temas que consideró centrales para consolidar el crecimiento del país: la previsibilidad y la seguridad jurídica de cara a las inversiones.
El ministro planteó dos grandes propuestas a largo plazo. Por un lado, transitar la senda de la “seguridad jurídica y la previsibilidad, responsabilidad que le compete a los tres poderes del Estado” y, por otro lado, “el desafío como sociedad del cumplimiento de la Ley en términos de justicia penal para romper los altos índices de impunidad”.

“Debemos saber cuál será el camino a seguir ante un conflicto, consolidar reglas de juego claras para lograr una base sólida y poder construir un país como un edificio”, señaló.

En esa línea, destacó que estos dos polos “están interconectados” y requieren de un trabajo a largo plazo, canalizado en este caso por la plataforma colaborativa de Justicia 2020, donde unas 25 mil personas inscriptas debaten sobre los 7 ejes troncales que articula sus 20 equipos de trabajo.
Este proceso de cambio “subterráneo, arduo y de mucho esfuerzo debe ser compartido” por toda la sociedad. “Hay que sostenerlo en el tiempo para dar pasos que consoliden la transformación”, afirmó sobre el plan para “reformar estructuralmente a la Justicia para que las investigaciones sean más ágiles y eficientes”.

 

 

Reconocimiento al fiscal del Mani Pulite

Stephanie Bridger
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Jordi Ferrer Beltrán, Univ. de Girona

El congreso, que concluirá este jueves, cuenta con la participación de figuras internacionales como el ex fiscal italiano del ‘Mani Pulite’, Antonio Di Pietro, el juez del ‘Lava Jato’ brasileño Sergio Moro y el procurador que investigó la megaoperación, Paulo Roberto Galvao de Carvalho, más la miembra directiva del Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas Marta Oyhanarte.

 

Garavano le entregó este miércoles un reconocimiento especial (una plaqueta) al ex fiscal Di Pietro por su compromiso por el fortalecimiento del estado de derecho.

Di Pietro fue quien encabezó la investigación en el caso Mani pulite, hace 25 años en Italia, que permitió a la justicia ibérica condenar a 1200 personas.
Estuvieron presentes en el acto de apertura el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; Diego Bunge, presidente de FORES y Jordi Ferrer Beltrán, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España.
Bunge hizo hincapié en la “seguridad jurídica” en línea con la Convención Interamericana contra la Corrupción que la sanciona este accionar “porque socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y el desarrollo de los pueblos”.
En tanto, el español Ferrer aseguró que hay “tres valores que guían el respeto de los derechos de los ciudadanos: la transparencia, la responsabilidad y la lucha contra corrupción”. Así como destacó “que la seguridad jurídica es precondición de la democracia”.