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Se trata del proyecto tendiente a reformar el Código Procesal Penal de la Nación. El texto fue rubricado mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica y elevado al Presidente de la Nación.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, firmó hoy el proyecto de ley tendiente a reformar el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), elevándolo al Presidente de la Nación. Se trata del primer proyecto de ley gestionado íntegramente como expediente electrónico mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica.

El desarrollo de este proyecto de ley forma parte del Programa Justicia 2020. Los participantes pudieron enviar sus aportes y observaciones al CPPN en el foro del Programa, y se celebraron reuniones presenciales para debatir la reforma en conjunto con la sociedad.

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Captura de pantalla del texto en soporte digital

Las modificaciones que introduce el proyecto tienen como objetivo fortalecer los lineamientos de la ley aprobada en 2014, promoviendo la implementación del sistema acusatorio y la oralidad de los procesos. El segundo eje de cambios busca adaptar el Código para la investigación de los delitos federales, especialmente la criminalidad compleja.

La gestión electrónica de los expedientes forma parte del Plan de Modernización del Estado, que promueve la transparencia, la agilización de los trámites y la reducción de costos. También es un eje fundamental de Justicia 2020 para ofrecer una gestión más ágil, moderna y segura para los argentinos.

La gestión electrónica de los expedientes forma parte del Plan de Modernización del Estado, que promueve la transparencia, la agilización de los trámites y la reducción de costos.

El CPP es el conjunto de normas que define cómo se investigan y juzgan los delitos. Determina los roles de los funcionarios, los procedimientos y los plazos, para asegurar un proceso justo en el que se garantizan los derechos de la víctima y del imputado.

Si bien hay un Código para cada provincia, el de la Nación es aplicable en cualquier lugar del país porque investiga y condena los delitos federales: corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo y falsificación de moneda, etcétera.