La Corte Penal Internacional funciona desde 2002. Su misión es juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Desde hace un año, y hasta 2018, la dirige una jueza argentina.

Los crímenes de la Segunda Guerra Mundial tuvieron justicia en los juicios de Nüremberg y Tokio. Más acá en el tiempo, se establecieron los tribunales para condenar las atrocidades cometidas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Muchos Estados se dieron cuenta entonces de la necesidad de contar con un tribunal de justicia internacional permanente, encargado de investigar y juzgar a los responsables de las violaciones más graves en contra del derecho humanitario: crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio. Así, a mediados de 1998 nació la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, que desde el año pasado está encabezada por la jueza argentina Silvia Fernández de Gurmendi.

La CPI fue una iniciativa de la ONU, aunque no forma parte de la estructura del organismo internacional. Empezó a funcionar formalmente el 1 de julio de 2002, tras su ratificación por 60 países. Hoy ya son 123 los Estados que ratificaron el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte.

El tribunal se financia principalmente a través de los países miembros, pero también con aportes voluntarios de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades.

Existe un antecedente cercano: la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Es el  órgano judicial principal de la ONU, pero fue creado para tratar conflictos entre Estados y no tiene jurisdicción ni competencia para tratar cuestiones que impliquen responsabilidad penal individual. La CPI tiene como misión juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Su primera sentencia ocurrió diez años después de su creación, en 2012, contra el rebelde congoleño Thomas Lubanga Dyilo.

“El establecimiento de un tribunal permanente para castigar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio es importante porque evita los retrasos inherentes de preparar un tribunal ad hoc que pueden ser aprovechado por los criminales para escapar o desaparecer; los testigos pueden ser intimidados o las condiciones políticas y sociales pueden empeorar, además de que las investigaciones se encarecen”, señala un informe de Naciones Unidas.

Silvia Fernández de Gurmendi.
Silvia Fernández de Gurmendi.

La presidenta argentina

Desde el año pasado la preside una jueza argentina, Silvia Fernández de Gurmendi. La secundan otras dos magistradas: la keniata Joyce Aluoch y la japonesa Kuniko Ozaki. “Es un gran honor haber sido elegida presidenta de la Corte Penal Internacional. Haré todo lo posible para estar a la altura de la confianza que mis compañeros jueces depositaron en mí”, dijo a través de un comunicado Fernández de Gurmendi, al asumir.

Fernández de Gurmendi fue consejera legal de la Misión Permanente de la Argentina ante las ONU, entre 1994 y 2000. Y hasta 2009 había sido directora de Derechos Humanos en la Cancillería argentina. Además, fue representante argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia y contribuyó a la creación de la Corte que ahora preside.

En la misma CPI, el también argentino Luis Moreno Ocampo se desempeñó entre 2003 y 2012 como fiscal jefe. Moreno Ocampo, se sabe, fue junto a Julio César Strassera uno de los fiscales del Juicio a las Juntas, que en 1985 condenó a los comandantes de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se puede iniciar por tres formas: porque la informó un Estado parte, por pedido del Consejo de Seguridad de la ONU o de oficio por el fiscal de la Corte.

La CPI tiene competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002. Y complementa, y no reemplaza, la jurisdicción de los tribunales de cada país, que siguen teniendo prioridad en la investigación y juzgamiento. El objetivo de la CPI es actuar cuando las cortes nacionales sean incapaces o no estén dispuestas a ejercer su jurisdicción.

Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. La CPI sólo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica. Nunca puede condenar a muerte.

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Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la CPI.

Qué casos juzga

África es el continente más representado en las investigaciones de la CPI: hay nueve causas. La fiscalía también examina de forma preliminar situaciones en Afganistán, Colombia, Georgia, Irak, Ucrania, Palestina, Nigeria y Guinea.

En sus más de catorce años de existencia, la CPI dictó una treintena de detenciones. En 2009 la Corte dictó orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados contra la población de Darfur. Fue la primera orden contra un presidente en ejercicio. Después, el líder libio Muamar al Gadafi se convirtió en el segundo jefe de Estado con una orden de detención, pero se archivó tras su fallecimiento durante la revuelta de Libia en 2011.

En 2012, la CPI dictó su primera sentencia condenatoria: 14 años de prisión a Thomas Lubanga por el reclutamiento y utilización de niños soldado en la República Democrática del Congo. En junio de este año hubo otra condena a un congoleño: Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de ese país, fue sentenciado a 18 años por las violaciones cometidas por el Movimiento de Liberación de Congo entre 2002 y 2003.

La última sentencia fue a fines de septiembre. La CPI condenó a 9 años a Achmad al Faqi al Mahdi por la demolición en la República de Malí de nueve mausoleos y una mezquita que son considerados patrimonios de la humanidad por UNESCO.

Es interesante un punto del funcionamiento de la CPI, el que refiere a la obediencia debida. “El hecho de que un crimen haya sido cometido por una persona bajo las órdenes de un superior no relevará normalmente a esa persona de responsabilidad criminal”, explica en un informe la Coalición por la Corte Penal Internacional,  una red de 2.500 organizaciones de 150 países de todo el mundo que trabajan conjuntamente con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional con la CPI. El tribunal internacional también juzga crímenes de naturaleza sexual: violación, esclavitud sexual y prostitución forzada cuando están cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil.