Hacia un fuero especializado en violencia de género

Como una respuesta al alto índice de femicidios en el país, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia propone un Modelo de Atención Integral (MAI), un fuero y operadores judiciales especializados en la materia.

En Argentina, muere una mujer cada 31 horas por casos de violencia doméstica. María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, explica los alcances de la propuesta de creación de un fuero unificado en la materia, así como el modelo específico de atención integral focalizado en la víctima.

“La idea de un fuero unificado para las causas de violencia de género se enrola en una concepción que empieza a darse cuenta que, pese a los esfuerzos, el modelo actual de gestión judicial no termina por dar una respuesta eficiente. Esto queda acreditado en el alto índice de femicidios en el contexto de violencia doméstica. Por eso necesitamos un sistema a la medida de las víctimas”, expresa la funcionaria.

Para que el Poder Judicial brinde a la mujer afectada una atención interdisciplinaria, también se amplía la propuesta. Desde la Subsecretaría, se propicia un Modelo de Atención Integral al ingresar al “sistema judicial”. Que al recibir su denuncia la víctima pueda ser contenida con un psicólogo, y que en el mismo espacio físico un médico pueda constatar si tuvo lesiones, que pueda acceder a un dispositivo de seguridad necesario según el caso, entre otras cuestiones que le brinden soluciones a su problemática de género.

“En el marco del Plan Justicia 2020, la línea de trabajo es el fuero unificado civil y penal para casos de violencia de género, que incluirá las respectivas leyes procesales y su gestión así como la dinámica que permitiría al operador judicial (fiscales, defensores y jueces) dar el mejor servicio de justicia. Porque ahí sí que cumpliríamos la idea de tener una justicia cercana a la comunidad desde quien requiere el servicio, que en este caso son todas las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y de género”, cuenta Rodríguez.

En cuanto a la infraestructura edilicia, la idea es que el fuero especializado funcione en un María Fernanda Rodríguezmismo edificio y que cada provincia decida cómo organizar su sistema judicial en este sentido. Por ejemplo, en Jujuy se están presentando a concursos jueces con un perfil abocado a causas de violencia familiar. En la Ciudad de Buenos Aires, se empezaría de cero tras el traspaso de las competencias penales, y en Córdoba está avanzado un MAI y no así con el fuero unificado.

Otras de las medidas que conlleva a la protección de la víctima es la adquisición de nuevos dispositivos duales más eficientes en el cumplimiento de las medidas cautelares en casos de violencia. “Vamos a tener dispositivos superadores a los botones de pánico al dictarse la prohibición de acercamiento. Dispone un brazalete o tobillera para el agresor y otro para la victima con una batería de litio que dura 6 meses. Es georreferenciado y le avisará a la damnificada que su agresor está a 500 metros para que tenga tiempo de tomar medidas de protección. Así, de esta manera, hace más eficiente el recurso policial porque dispara el móvil más cercano. Y además, ella tendrá más libertad ambulatoria esté donde esté”,  enuemera Rodríguez.

El proyecto también prevé la creación de una oficina que dé respuesta a los incumplimientos de deberes alimentarios para facilitar los trámites a las mujeres en conflicto con el objetivo de atenderla con una “concepción integral y jurisdiccional”.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Latinoamérica hubo 2500 muertes por femicidios entre abril de 2015 y 2016. Como otra medida para dar respuesta a este  flagelo, Rodríguez detalló que es necesaria la capacitación de los operadores judiciales con una perspectiva de género desde una mirada civil y penal. “Necesitamos un nuevo rol de juez que piense esta dimensión del conflicto no fragmentada. Es una unidad de respuesta única para los casos de violencia de género teniendo en cuenta el sistema de protección de la víctima en el marco de los adecuados procesos de garantías procesales penales”, señaló la subsecretaria.