Centro de Acceso a la Justicia en la parroquia Caacupé, Barracas.

Los Centros de Acceso a Justicia se rediseñan: Con una nueva concepción multidisciplinaria de la atención al ciudadano en territorio, cuáles fueron los cambios que se llevaron a cabo y los proyectos por venir.

Los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) son un “puente a la realización y vivencia cotidiana de los derechos y la ciudadanía”. Así es cómo definió el director Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gustavo Maurino, a los “dispositivos integrales de atención legal primaria” que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene en todo el país.

“Dada su capacidad multidisciplinaria de trabajo, (los CAJ) puedan ser dispositivos comunitarios de ciudadanía y encuentro de la gente con sus derechos”, enatizó al funcionario.

El primer paso fue realizar un diagnóstico completo acerca de las características de los servicios y las condiciones de los centros, y a partir de ahí se comenzaron a desarrollar diversas iniciativas y acciones para proveer el “mejor servicio del Estado para las comunidades que más lo necesitan”.

Desde la Dirección, también están realizando el primer estudio nacional de necesidades legales insatisfechas y obstáculos de acceso a la justicia, que permitirá mapear las problemáticas más recurrentes con una perspectiva federal. El propósito central es identificar prioridades y desarrollar políticas específicas a largo plazo, con base en evidencia y diagnósticos comunes pero adecuados a las diversas condiciones del país.

“Dada su capacidad multidisciplinaria de trabajo, los CAJ puedan ser dispositivos comunitarios de ciudadanía y encuentro de la gente con sus derechos”

En la actualidad, hay 75 CAJ distribuidos en todo el territorio y un primer objetivo en relación con el plan de desarrollo fue que los servicios se establecieran en base a principios de “equidad geográfica”.

En tanto, para los próximos meses, se prevé la apertura de más sedes en provincias en las que los servicios no llegaron aún, como Catamarca, San Luis y Santa Cruz. El mismo principio inspira a las proyecciones de desarrollo en el área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, para cubrir regiones que habían quedado relegadas, como el corredor oeste.

 

Adaptación y multidisciplinariedad

Patrick Haar
Se abrirán Centros de Acceso a Justicia en Catamarca, San Luis y Santa Cruz
Se abrirán nuevos CAJ en Catamarca, San Luis y Santa Cruz, próximamente

Cada zona o región tiene problemáticas prevalecientes, y el servicio debe adecuarse a ellas, así como en los barrios y villas de las grandes ciudades la demanda más común es la tramitación del documento o la facilitación del acceso a las prestaciones de seguridad social, como la Asignación Universal por Hijo.

En tanto, en Castelli (Chaco), Formosa y (en los próximos meses) en todo el noroeste se han comenzado proyectos de trabajo con integrantes de la comunidad indígena así como con profesionales expertos en la materia.

El director de los CAJ enfatizó la nueva forma que se les va dando a esos espacios: “Tenemos una mirada holística de los servicios de atención legal primaria, con el compromiso que la gente se encuentre con sus derechos de una manera integral”.

En ese sentido, el “diseño” debe ser también integral, enfatizó Maurino. Por ello, se trabaja con un “equipo multidisciplinario que tratamos de implementar en todo el país, con la flexibilidad suficiente para atender a las problemáticas de cada población”.

“Se trabaja con un equipo multidisciplinario que tratamos de implementar en todo el país, con la flexibilidad suficiente para atender a las problemáticas de cada población”

No se puede trabajar igual en las grandes ciudades que en las zonas rurales. Y se pretende ampliar las acciones comunitarias como la capacitación, la cooperación con colegios de abogados, ministerios públicos, agendas administrativas, universidades, gobiernos locales y provinciales, ongs, y demás.

Dos de las claves son mejorar las condiciones de infraestructura y los equipos con los cuales trabajan los operadores, al igual que el desarrollo de un software de gestión de consultas único para todos los centros, que ya funciona en modo piloto en los CAJ de la Ciudad de Buenos Aires y se implementará en todo el país para noviembre.

Desde la Dirección, puntualizaron también que se proponen facilitar el patrocinio jurídico a personas con necesidades legales insatisfechas, así como en el fortalecimiento interno de los equipos técnicos, para brindar asistencia integral en materia de las nuevas problemáticas: violencia de género, comunidades originarias y atención a víctimas de delitos.