Con las manos en la masa: el proyecto sobre flagrancia

 ¿Cuánto tiempo se reduce el proceso judicial con el proyecto de ley para agilizar los procesos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso? Juan José Benítez, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas Criminales, explica sus alcances.

La semana pasada, el ministro de Justicia, Germán Garavano, junto a su par de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío de una serie de proyectos al Congreso para mejorar el servicio de Justicia. Entre ellos se encuentra uno que busca que los procesos por delitos cometidos en flagrancia sean más rápidos.

¿Por qué se busca acelerar este tipo de procesos? Porque los delitos flagrantes son aquellos en los que el delincuente es hallado mientras comete la infracción a la ley.

Por este motivo se planteó la necesidad de acortar los tiempos del tratamiento de estas causas, ya que no hay una discusión sobre el hecho delictivo.

La iniciativa prevé la modificación de los artículos 353 bis, ter, quáter, quinquies, sexies y septies del Código Procesal Penal, donde está contemplado el procedimiento para este tipo de casos. El jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas Criminales del Ministerio de Justicia, Juan José Benítez, explicó de qué forma cambiará el tratamiento de estas causas de aprobarse el proyecto.

El funcionario afirmó que “todas las decisiones que se tomen en el proceso se realizan de forma oral. Esto incluye que los planteos de la Fiscalía y la defensa también deben serlo. Y también los recursos y las decisiones de la Cámara”.

Agregó, en este sentido, que es un paso en “plan piloto” al sistema acusatorio, que supone que los jueces no serán más quienes lleven a cabo investigaciones y sí los fiscales.

En esta línea, Benítez añadió que este procedimiento “incluye a los delitos dolosos (cometidos con intención) con penas de hasta 15 años en los casos en los cuales el delincuente es sorprendido mientras está cometiendo el hecho o instantes después, cuando es perseguido por la Policía o algún ciudadano, o cuando tenga cosas provenientes del delito. Se supone que son hechos no controvertidos ya que por las circunstancias en las que se detuvo a la persona no hay margen para muchos planteos y tampoco hay mucha prueba por hacer”.

Pero uno de los puntos más salientes de la iniciativa es, sin dudas, la reducción del plazo para el tratamiento de las causas: la duración del nuevo procedimiento está estimada en dos meses desde la detención, con 30 días para la instrucción (investigación) y 30 más para llevar a cabo el juicio.

El jefe de Gabinete de la Subsecretaría manifestó que “hoy para casos como estos (sin el sistema de flagrancia) la sola realización del debate demora una media de 10 meses”. Al mismo tiempo, especificó que en el 18 % de los casos, incluyendo la realización del debate, se demora hasta cuatro años para ser juzgar a estas personas.

“Es decir que estás pasando de una media actual de duración de la etapa de debate de 299 días a 30 días como máximo. La reducción de los tiempos es tremenda”, agregó.