A favor del acceso igualitario en los comercios porteños

Buscan erradicar prácticas como el “derecho de admisión”, que encubre un acto de discriminación. Se aplicará mediante carteles que incluirán la sentencia “Prohibido discriminar”, más los datos de los lugares donde denunciar. La propuesta ya ingresó a la Legislatura de la Ciudad.

Para prevenir la discriminación en lugares de acceso público se presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que propone colocar en sitios de uso público, pero pertenecientes a privados, una serie de carteles con la consigna “Prohibido discriminar”, en los que se advierta sobre los derechos de las personas que ingresan.

Se busca que los dueños o encargados de locales y todo el que pase por allí conozcan sus derechos y obligaciones de brindar y recibir un trato igualitario, evitando así actos discriminatorios y arbitrarios.

Para ello, el organismo sugiere realizar cambios a disposiciones del Código Contravencional de la Ciudad y a la Ley 3.307 de establecimientos con acceso públicos para ponerla en coherencia con los nuevos agregados que aparecen en la Ley Contra la Discriminación, sancionada en 2015.

Los letreros deben exhibirse en un lugar visible y brindar también información acerca de las diversas medidas a tomar ante un caso de discriminación.

Según consta en el proyecto debe figurar el siguiente texto: “Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede realizar la denuncia ante la autoridad administrativa, policial y/o judicial, quienes tienen la obligación de tomarla”, acompañado de datos útiles de contacto, como el de la propia Defensoría.

De aprobarse, la ley prohibirá el agregado en la cartelería de menciones que contradigan estas leyendas, como es el caso del derecho de admisión o restricción del ingreso. Ese derecho de permanencia como justificativo para un trato desigual, dice en la fundamentación de la ley, es concebido culturalmente como “ilimitado”, algo completamente equivocado y, sobre todo, “contrario a la norma vigente”.

Además, para aplicar y controlar estas medidas, se designa a la Agencia Gubernamental de Control como autoridad de aplicación y/o sanción por incumplimiento.

En resumen, tal como fundamenta el ente impulsor, “se trata de recordar que los lugares privados de acceso público, si bien son de propiedad privada, no se encuentran al margen de la ley ni libres de toda regulación”.

Y explican que resulta de gran importancia regular este tema específico en el marco de la lucha contra la discriminación: “Si queremos realmente seguir avanzando hacia una Ciudad que trate a todos/as por igual, respetando y reivindicando su diversidad”.