Fallo a favor de la aplicación de la Ley de Flagrancia

Dos tribunales orales de la Capital Federal trabaron un conflicto de competencia que la Cámara del Crimen debió definir. En ambos, un hombre tenía dos procesos judiciales por robo simple, uno de ellos ocurrido en marzo de este año y otro por otros dos robos ocurridos tiempo atrás pero donde se había fijado el juicio oral para este mes. La primera de las causas estaba en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 19 y la otra en el TOC N° 25.

El conflicto de competencia se dio porque el TOC 19, el que tiene la causa más nueva, se había declarado incompetente y pasó la causa al otro tribunal (TOC 25) que no la aceptó ¿El motivo? La causa más nueva fue tramitada bajo la reciente Ley de Flagrancia. “El espíritu de la ley 27.272 fue lograr que la justicia sea rápida y que se garantice una resolución expedita de los procesos”, señalaron desde el tribunal.

Ante esta situación debió resolver la cuestión la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital. Allí, los jueces Mario Magariños, María Garrigós de Rébori y Daniel Morín, resolvieron que la causa a la que se le diera trámite de flagrancia, debe continur tramitando en el Tribunal Oral sorteado para garantizar el “espíritu de celeridad” que tiene la Ley de Flagrancia.

En la sentencia explicaron que “es claro que la reforma introducida por la ley 27.272 no modificó las reglas de conexidad y competencia previstas en el Código Procesal Penal de la Nación” aunque “es evidente que esa norma sí modificó el trámite que debe imprimirse a cierto tipo de casos –flagrancia-”.

Por ello, para los jueces, “si se aplicaran las reglas de conexidad de forma estricta a casos como el presente, se dejaría sin sentido el principal objetivo tomado en cuenta por el legislador para llevar adelante la reforma, esto es el dotar de celeridad los trámites para los delitos cometidos en flagrancia”.

Según datos del Ministerio de Justicia, en los primeros cinco meses de aplicación de la Ley de Flagrancia, el 54 por ciento de los casos logró resolverse en la primera audiencia y dentro de las 30 horas de ocurrido el hecho.

La ley entró en vigencia en diciembre de 2016 y establece que si un delincuente es detenido “in fraganti” debe realizarse una audiencia oral y pública en menos de 24 horas. Los datos surgen un monitoreo realizado por la Unidad de Asistencia a la Reforma Procesal Penal de la Subsecretaría de Política Criminal en los primeros días del mes de abril.