Violar el Facebook es equivalente a hacerlo con el correo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que violar el Facebook de una persona es como si se violara la correspondencia. La decisión la tomó con la firma de tres de los cinco jueces que integran el tribunal.

El fallo se dio en el marco de un conflicto de competencias que se dio entre un Juzgado federal y uno de la ciudad de Buenos Aires.
 
En la causa un hombre denuncio que varias veces habrían entrado ilegalmente en su cuenta de Facebook. La denuncia recayó en un primer momento en el Juzgado Federal N° 10 donde el juez declino su competencia, es decir, considero que la denuncia debía ser tratada en un juzgado porteño.          
 
Es que según el juez federal el acceso a la cuenta de la red social “afecta intereses particulares que no habilitan su jurisdicción, por no haberse afectado el servicio postal”. Recordemos que la violación de correspondencia es un delito federal y como tal debe ser investigado por juzgados federales.
 
Al rechazar su competencia, la causa recayó en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 24 de la ciudad de Buenos Aires, donde el juez también rechazó que el caso sea tratado allí considerando que el delito que se debe investigar “no se encuentra entre aquéllas cuya competencia fue transferida a la órbita ce la justicia de la ciudad”.
 
Cuando dos juzgados de diversas jurisdicciones tienen un conflicto de competencia como es el que se presenta en este caso es el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, el que debe decidir la suerte de la causa. Y así lo hizo en una sentencia firmada el pasado 25 de abril por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Elena Higthon.
 
En un fallo de una página, los jueces que firmaron hicieron suyos los argumentos del dictamen de la Procuración General de la Nación y entendieron que era la justicia federal la que debe investigar la causa porque lo consideró violación de correspondencia.
 
Para los magistrados se trata de un acceso ilegítimo a una “comunicación electrónica” o “‘dato informático de acceso restringido” a los que “sólo es posible ingresar a través de un medio que por sus características propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones”. Servicios que son de interés de la Nación, y por ende, deben ser investigados por la justicia Federal.
 
Las figuras del Código Penal que son las que se analizaron para llegar a esta conclusión son los artículos 153 y 153 bis del Código Penal. El primero plantea una prisión de 15 días a 6 meses para quien “abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido” y  al que “indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida”.
 
 El 153 bis, que tienen la misma pena fijada que el 153, incorpora al que “a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido”.