El procurador general del Tribunal de Justicia de la UE señaló que la empresa Uber no es sólo una plataforma digital que conecta conductores con pasajeros, sino que brinda un servicio de transporte. Y que debe cumplir con las leyes.

La empresa Uber sufrió un revés en sus planes de expansión mundial la semana pasada: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo que debe cumplir con las normas de seguridad y con otras leyes aplicables a las asociaciones tradicionales de taxis. Eso bloquea potencialmente el crecimiento del servicio en todo el continente europeo y, por consiguiente, en América latina y Argentina, donde enfrenta problemas similares. La decisión de los jueces se espera para mitad de año.

El caso europeo se enfocó en si Uber debe ser considerado un servicio de transporte o una plataforma digital que simplemente conecta conductores independientes y pasajeros potenciales. De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, el procurador general del tribunal europeo, Maciej Szpunar, señaló que “no puede ser considerado un simple intermediario”. Por eso las autoridades de cada país podrían exigirle licencias y autorizaciones como las que presentan los choferes de taxis.

El TJUE, máxima instancia judicial europea, analizó el caso de Uber a propósito de una denuncia que presentó la asociación catalana de taxistas Elite Taxi Barcelona contra esa plataforma estadounidense. La cadena internacional CNN contó que esa empresa argumentó que Uber no compite en términos “justos”, ya que sus conductores no cuentan con las licencias exigidas por la alcaldía de Barcelona. Así, el caso llegó hasta el TJUE.

La opinión del procurador general no es vinculante, pero podría influenciar el veredicto final del tribunal. El jurista consideró que Uber “no puede beneficiarse del principio de libre prestación de servicios que el Derecho comunitario garantiza a los servicios de la llamada sociedad de la información”.

En Francia, en tanto, la empresa fue multada por prestación ilegal del servicio de transporte. A este tipo de acciones, se suman países como Puerto Rico, Corea, Alemania, Canadá, China, Colombia, Brasil, México en los que los taxistas han ejecutado diversas protestas contra de Uber, por considerar que la empresa no cumple con las legislaciones.

Qué pasa en la Argentina

Uber desembarcó en la Argentina el 27 de marzo de 2016. Hizo en ese momento una importante convocatoria de conductores a través de Facebook. La aplicación móvil comenzó a funcionar un mes después, con casi 20 mil choferes registrados en la ciudad de Buenos Aires. La compañía internacional, creada en 2009 y con presencia actualmente en 400 ciudades en el mundo, fue recibida en nuestro país con denuncias en el ámbito porteño y a nivel nacional, que incluyen causas abiertas por contravenciones y evasión.

En la ciudad de Buenos Aires se denunció a Uber por no cumplir con el Código de Tránsito y Transporte, que especifica que sólo los radiotaxis están autorizados para tomar pedidos para viajes de pasajeros. Además, el fiscal Martín Lapadú imputó a conductores de la aplicación por “usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos”, una conducta “sancionada por el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad”.

En el ámbito nacional, la disputa judicial tuvo otra suerte: en octubre el juez de instrucción en lo criminal nacional Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal presentada por el gremio de los taxistas contra choferes de Uber y declaró que “es lícita” la actividad de la empresa.

Hasta el momento, cinco directivos de Uber están imputados en la Argentina, dos de ellos con pedido de detención, hay 4.000 choferes investigados y otros 20 imputados y requeridos de juicio oral con solicitud de pena de arresto e inhabilitación para conducir.

En noviembre último, la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó esa sentencia. Los jueces alegaron que “la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva”. Y determinaron que “no se advierte cuál sería el delito concreto que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita”.

Para Uber, sin embargo, su situación judicial “está resuelta”, ya que espera leves multas para sus ejecutivos imputados por contravenciones. Al año de estar funcionando, el balance que hace es bueno: dicen que la aplicación registra un millón de descargas y la empresa “está en expansión”, informó recientemente el gerente general para Argentina de la empresa de transporte privado, Mariano Otero.