Estudian abrir Defensoría para contenido personal en redes

Funcionaría bajo la órbita del Poder Legislativo, con independencia funcional y poder sancionatorio. En el Congreso, el proyecto ya pasó por la Comisión de Comunicaciones y próximamente será revisada por su par de Presupuesto.

Una iniciativa nacida en Córdoba se propone crear una Defensoría del público específica para los contenidos compartidos en Internet, cuya función principal será la “protección de los derechos de las personas físicas y jurídicas frente a los actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales, a través de cualquier tipo de redes sociales, sean estas digitales, fijas o móviles, en particular internet y cualquier otra plataforma digital existente o a crearse en el futuro de transmisión de datos”.

El organismo funcionaría bajo la órbita del Poder Legislativo con independencia funcional. El proyecto ya pasó por la Comisión de Comunicaciones y próximamente será revisada por la Comisión de Presupuesto.

La Defensoría Pública en Redes Sociales de Contenidos Digitales, según el proyecto, estará a cargo de un ciudadano designado por el Congreso Nacional por el término de seis años. Este Defensor Público será el encargado de bregar por quienes encuentren con sus derechos constitucionales vulnerados en las plataformas digitales. Además, deberá exigir “la inmediata solución de comportamientos ofensivos, agresivos o contrarios a la dignidad humana por medio de las redes sociales”, y difundir un buen uso de estos espacios virtuales.

El funcionario tendrá la facultad de investigar comportamientos inapropiados a través de la denuncia de habeas data administrativo y determinar si proceder o no. De emitir una resolución, podrá ordenar el bloqueo temporal del sitio web o del perfil social, según el caso, que puede tener un plazo de entre 30 y 60 días. Esto último despertó polémica y rechazo de organizaciones entendidas en el tema, por lo que se propuso revisar las atribuciones del ombudsman.

El funcionario tendrá la facultad de investigar comportamientos inapropiados a través de la denuncia de habeas data administrativo y determinar si proceder o no. De emitir una resolución, podrá ordenar el bloqueo temporal del sitio web o del perfil social, según el caso, que puede tener un plazo de entre 30 y 60 días

En el proyecto original -del diputado nacional por Córdoba (UNA) Juan Brügge- se mencionan las posibilidades que brinda la normativa actual, a través del INADI o de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para reportar abusos en las redes sociales. Sin embargo, ninguno de estos organismos tienen poder sancionatorio “a diferencia de la nueva institución, que por la materia de qué trata redes sociales, se justifica la especificidad y dada la gran cantidad de casos de violación de los derechos humanos que sistemáticamente se cometen vía las redes sociales digitales”.

“a diferencia de la nueva institución, que por la materia de qué trata redes sociales, se justifica la especificidad y dada la gran cantidad de casos de violación de los derechos humanos que sistemáticamente se cometen vía las redes sociales digitales”