Entró en vigencia la ley de Responsabilidad Penal Empresaria

Establece penas para las personas jurídicas, sean empresas, asociaciones civiles o fundaciones, y promueve que se realicen campañas privadas internas para prevenir la corrupción. El proyecto fue impulsado por la Oficina Anticorrupción.

El poder Ejecutivo promulgó la ley 27.401, que establece el régimen de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y castiga la corrupción empresaria ante delitos de cohecho, tráfico de influencias, exacciones ilegales, y enriquecimiento ilícito, entre otras.

Por medio del decreto 986/2017, publicado el último viernes en el Boletín Oficial, fue promulgada la norma que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

El proyecto, impulsado por la Oficina Anticorrupción, fue convertido en ley en noviembre por la Cámara de Diputados, luego de que el Senado aplicara cambios al proyecto que originalmente había aprobado la Cámara Baja. Así, se ampliaron las herramientas con que la Justicia puede actuar directamente sobre las corporaciones.

Se acordó que la acción penal prescriba a los seis años de la comisión del delito, y que en caso de deceso del actor físico del delito, el proceso contra la persona jurídica continúa.

A su vez, se fijó que en caso de “responsabilidad sucesiva”, es decir, cuando la persona jurídica se reconvierta, fusione o tome otro nombre, permanezca la responsabilidad penal.

La normativa prevé también que se lleven a cabo acuerdos de “colaboración eficaz” con las empresas, en el que estas pueden brindar datos acerca del delito investigado y de esa forma obtener algunos beneficios procesales, como una reducción de la pena, que nunca alcanza a la eximición.

Su espíritu es que el sector privado trabaje contra los delitos que tienen al Estado como víctima, propiciando campañas internas de concientización, control y señalamiento de las conductas reñidas con la ley. Además, ofrece prerrogativas para que desde las firmas se denuncie a los funcionarios que aceptaron o solicitaron los sobornos a cambio de beneficios.