“La igualdad ante la ley es uno de los preceptos más democráticos”, recordó Martín Casares, el subsecretario de Política Criminal. “Vamos hacia una Argentina mejor, con pleno ejercicio de las libertades”, afirmó.
Procurar las herramientas que el Poder Judicial reclama desde hace tiempo para combatir el crimen organizado ocupa el centro de las nuevas políticas públicas que se delinean en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza Germán Garavano. A poco del lanzamiento de la plataforma Justicia2020, que compendia una serie de medidas a debatir e implementar a mediano y largo plazo, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, hizo énfasis en la necesidad de que los funcionarios judiciales acompañen con “resultados” la implementación de las nuevas “herramientas” con las que dispondrán. Para ello reclamó que fiscales y jueces “se comprometan” en la investigación del crimen organizado y la defensa de los derechos de las víctimas.
-¿Cuál es el norte de las políticas públicas que se impulsarán?
-Todas las áreas de política pública -por ejemplo, la criminal que surge de esta subsecretaría- son transversales: Necesitamos del Poder Legislativo para que apruebe, de los jueces para que resuelvan o interpreten el espíritu de lo que queremos hacer, de la Procuración General de la Nación para alinear la política criminal que ejercen día a día los fiscales, y de la Corte y el Consejo de la Magistratura para que hagan lo que les es propio. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDH), impulsará una política criminal para mejorar la lucha contra el delito y el crimen organizado, pero necesitamos coordinar el esfuerzo de todos los actores del sistema judicial.
-¿El Código Procesal Penal incorporará cambios en este sentido?
-Impulsamos la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, justamente, porque creímos que no estaban dadas las condiciones para que esta reforma sea exitosa. Acto seguido, armamos un equipo que está estudiando el texto haciendo un análisis crítico a fin de realizar los ajustes adecuados para atacar los delitos complejos y el crimen organizado. La gestión anterior proponía un código pensado para la jurisdicción común, que entraría en vigencia en marzo en el Fuero Penal Ordinario de la Capital Federal. Estaba pensado en ser un código más para los fueros Correccional o de Instrucción, en los cuales los delitos son diferentes: suceden en la calle, son menos complejos y (la Justicia) necesitan de mucha menos ingeniería de investigación para conseguir la prueba. La persecución del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado requieren de una mayor potencia en la investigación, planificación y recursos porque estás frente a instituciones criminales bien pensadas, no es como el delito amateur que se produce en la calle, donde la mayor parte de la carga probatoria son los testigos.
-¿Las reformas tienen consenso dentro del Poder Judicial?
-Tenemos diálogo fluido con distintos miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, estamos trabajando mediante mesas de trabajo donde tratamos de tener una mirada amplia para sumar la experiencia de jueces y fiscales. Creemos que una reforma no se puede imponer desde afuera, pero sí que debemos liderar ese movimiento de reforma para que cada uno de los funcionarios haga lo que le corresponda. Otro aspecto importante es el perfil de los magistrados que estamos proponiendo y capacitando, porque son las personas que van a terminar aplicando estas nuevas herramientas. Si los fiscales no están comprometidos o no les gusta la investigación para perseguir y sancionar al delito, o seguimos con jueces disociados de la realidad que analizan los casos pensando en la manera de justificar o atenuar conductas que son delitos, no estaríamos cumpliendo con las expectativas. Los fiscales tienen que ser personas comprometidas con la defensa de los intereses de la sociedad, funcionarios con espíritu de servicio público y que tengan en cuenta los reclamos de la sociedad en materia de inseguridad, especialmente, la posición de las víctimas.
-Hace mucho hincapié en las víctimas como sujeto destinatario de su política pública…
-Es el concepto clásico de justicia -entendida como un valor- uno de sus sentidos es dar a cada uno lo suyo. Como Ejecutivo tenemos la gran tarea de apoyar y coordinar las reformas para que el Poder Judicial sea accesible, eficiente y justo para todas las personas. Tenemos que tener una mirada a futuro que nos lleve a una Argentina mejor, con pleno ejercicio de las libertades. Hay que tener en cuenta que en Argentina se ha popularizado el incumplimiento de la ley. En todos los niveles, a lo largo de la historia y se ha profundizado esa anomia en los últimos años. La igualdad ante la ley es uno de los preceptos más democráticos que hay, todos tenemos que volver a respetarlo, dar el ejemplo. El que de manera libre ha decidido cometer un delito, una acción que el legislador considera ilícita, tiene que recibir una sanción de parte del Estado. La falta de respuesta genera impunidad y pone en juego el estado de derecho porque puede haber quien quiera hacer Justicia por mano propia.
-¿Qué señales tiene que dar la Justicia para revertir ese estado?
-Tenemos que volver a creer en la Justicia. Ella tiene que rendirle cuentas a la sociedad, mejorar sus estándares de transparencia y relacionarse mejor con la sociedad. Y tendríamos que pensar de qué manera les mejoramos la respuesta a las personas concretas, que deben ser el centro de todas las políticas públicas. Hoy un gran número dice que no cree en la Justicia, que no llevaría su conflicto al ámbito judicial.
-¿Bajar la litigiosidad es una prioridad?
-No tenemos que circunscribirnos a asociar la resolución de conflictos sólo con llevar un caso a los tribunales y que lo resuelva un juez. No siempre la respuesta judicial ‘sentencia’ es la más adecuada o la que se prefiere. Casos claros serían la mediación (instancia previa al juicio basado en el acuerdo entre las partes) y el arbitraje (las partes pactan someterse a la decisión de uno o más árbitros en caso de controversias). Estas nuevas lógicas de la vida en sociedad moderna es lo que la Justicia tiene que entender para innovar en sus respuestas.
-¿Hay propuestas para acelerar los tiempos de la Justicia?
-Uno de los objetivos centrales en todos los fueron de la reforma tiene que ser reducir los tiempos procesales. Es de lo que más se quejan las personas. Y en este sentido, la gestión electrónica resulta muy importe. Tenemos que dejar la tecnología que alguna vez fue de punta como la costura de los expedientes y su armado en máquina de escribir, y todo el dispendio que implica una citación por cédula. Pasa por aplicar nuevas tecnologías a los procesos judiciales, por un lado, y también por cambiar la dinámica de los procesos en sí. Tenemos que ir a una reforma oral: A partir de los planteos de las partes, los jueces deberían responder, con sentencia, de manera oral y rápida, dejarnos de correr traslados. Esa batería de propuestas va a adecuar el proceso judicial a los tiempos que corren.
