Profesor de Derecho penal y procesal penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en investigaciones contra cibercrimen, explicó los alcances del programa y del proyecto de ley que busca un “cambio cultural” en la investigación penal.
-¿Qué objetivos tiene el Programa Nacional contra la Criminalidad Informática?
-El objetivo que persigue es proponer las modificaciones que sean necesarias en tres ámbitos: el eje principal buscar reformas las normas procesales penales como también promover que lo hagan las provincias para prever un cambio de paradigma en el sistema para pasar de las investigaciones físicas a las investigaciones digitales. Es muy importante realizarlo con eficiencia para que no se convierta en un avasallamiento de las garantías de la intimidad. Tengo una doble preocupación en este sentido, porque debemos limitar lo que el Estado puede hacer y lo que no. El segundo ejes es la modificación del Código Penal por más que tengamos una ley de delitos informáticos, y en tercer lugar, ubicamos a la cooperación internacional sobre delitos informáticos para la recopilación de evidencia.
-¿Es necesario combatir el delito con 
herramientas digitales?
-En principio, los fraudes informáticos, las violaciones a la privacidad o la pornografía infantil en internet eran los clásicos pero se fue complejizando bastante. Hoy en día, todos los delitos pueden ser cometidos por medios informáticos. En Estados Unidos, por ejemplo, los investigadores lograron detener a un hombre que asesinó a su mujer, por las búsquedas que el homicida realizó en Google sobre qué lagos tenían mayor profundidad para desechar el cadáver. Los delitos complejos deben ser investigados con herramientas digitales.
La idea es trabajar en conjunto todo lo que tiene que ver con ciberdelitos como nuevo fenómeno de comisión de delitos. Pero también el uso de la evidencia digital como nueva prueba para la investigación de cualquier delito para que pueda ser utilizada efectivamente por el Estado.
La prueba digital alcanzó un nivel de importancia que superó a la evidencia física. Hoy, un homicidio lo podes solucionar con una buena investigación hecha por redes sociales o con todo lo que tenga que ver con el entorno digital. El problema que tenemos es que los códigos están pensados para la evidencia física.
-¿Qué reformas se prevén a las leyes procesales penales?
-La ley penal argentina previó con atraso a los delitos informáticos más clásicos entonces hay que actualizarla y daremos la discusión en el Congreso cuando presentemos nuestro proyecto. Hoy, que esté penada sólo la distribución y no la tenencia de pornografía infantil es un tema a modificar. En tanto, creo que la mayor urgencia está en la cuestión procesal. ¿Por qué? Porque para registrar una computadora estamos usando la norma para el allanamiento de una casa, y para interceptar datos de tráfico de comunicaciones en línea estamos usando la norma de interceptación de llamadas telefónicas como una analogía.
-¿Cómo está Argentina con respecto al mundo?
-Estamos con cierto atraso cultural por eso hay que trabajar al mismo tiempo en los tres ejes y también en la capacitación de los operadores judiciales. Estamos promoviendo cursos viajando a todo el país para capacitar a jueces, fiscales, defensores y secretarios sobre las nuevas herramientas informáticas apuntando a las nuevas generaciones. Creemos que en la facultad se deben incluir estas temáticas.
-¿Por dónde se enfoca la capacitación de los operadores?
-La idea es que los jueces y fiscales no sean ingenieros en informática ni ellos abogados. Es muy importante el trabajo multidisciplinario. Un fiscal no tiene por qué saber cómo realizar una pericia, pero sí debe saber que existe el programa de pericias informáticas o que es una dirección IP. O la diferencia de lo que es una orden de allanamiento de un domicilio que ingresar a una computadora. Un fiscal que quisiera investigar un accidente de tránsito donde se discute la velocidad a la que venía un automóvil, no puede ser que utiliza una tiza y no el GPS incorporado al vehículo. O en un caso de lavado de dinero, no trabajar sobre grandes volúmenes de datos disponibles en internet es una pérdida fuerte de investigación. En esta etapa de sensibilización, los secretarios de los juzgados de Instrucción Penal y los de Penal Económico se están capacitando en nuevas herramientas digitales en charlas de 4 horas. Y con el Ministerio Público Fiscal se trabaja en convenios de cooperación así como con las justicias provinciales.
-Con respecto al eje de la evidencia digital ¿Cómo trabajan estas herramientas?
-La utilización de la evidencia digital hace a un sistema de justicia eficiente y moderno. De hecho, creo que el proceso penal va a cambiar a partir de estos cambios. Primero, tenemos que tener una definición en el Código Procesal Penal sobre la evidencia digital y eso estamos discutiendo con el equipo. Tener normas para que un fiscal pueda asegurar los datos a investigar muy rápidamente y no esperar al proveedor (Google, Yahoo, etc) que seis meses después contesta que ya borraron esos datos. Hay que definir las normas en términos de eficiencia como de protección de garantías. Se trabaja en un modelo de evidencia digital sobre la base de la convención de Budapest. Es un set de medidas procesales básicas: aseguramiento de datos en sistema informáticos, la intercepción del tráfico on line y estamos discutiendo medidas de prueba más avanzadas como accesos remotos a computadoras a través de un MalWare, o agentes encubiertos en internet.
-¿Es muy importante la cooperación internacional en ciberdelitos?
-Vamos a tomar experiencias zanjadas hace bastante tiempo en España o Alemania para adaptar nuestra realidad jurídica. Debemos actualizarnos en todo sentido salvo en el acceso transfronterizo de datos en la nube que están en discusión a nivel mundial.
Impulsamos un objetivo que es ingresar a la “Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia Budapest 2001”. La idea es adherir a la convención en el corto plazo y creo que para Argentina es muy importante estar ahí en vinculaciones con Japón, Alemania, España, Francia, Portugal y Alemania. Sólo de la región adhirieron Panamá y Dominicana.
Hoy por hoy, en el mundo de la cooperación internacional en delitos informáticos ser miembro tiene el privilegio de ser parte de una red 24×7 para asegurar datos claves para una investigación, para capacitaciones y demás. La adhesión a la convención va a guiar la agenda legislativa en proyectos de esta materia donde estamos atrasados 10 años. Un caso bizarro: un hacker español dijo que se vino a vivir a la Argentina porque no teníamos ley sobre delitos informáticos.
-¿Cuáles son los delitos en los que las herramientas digitales serían claves?
-Es en todos los delitos, pero en la complejidad organizada y compleja (narcotráfico o lavado de dinero) es básico. Sin normas ni capacitaciones adecuadas no vamos a poder investigar a ninguna banda criminal. Hoy los fiscales actúan con el sentido común, con la práctica y por analogía con las normas actuales. Es mucho más fuerte lo que se puede obtener en una investigación con herramientas digitales que de evidencia física. Es un cambio cultural sobre como investigar. Vamos en el camino a que en un proceso penal que se basaba en las pruebas de testigos y en otras pruebas de apoyo, pasemos a que la evidencia digital sea la fase central, y la física, de apoyo.
-¿Cómo garantizar la intimidad del ciudadano?
-Hay que redefinir las garantías conforme a las nuevas tecnologías. Si voy a entrar remotamente a tu celular por una investigación penal sobre fraude fiscal, y encuentro fotos de pornografía ya me excedí en la búsqueda. En el marco de un allanamiento de una pc, los testigos no pueden saber que hicieron los técnicos en la computadora. Esto pasa todos los días. Estamos discutiendo en el equipo utilizar herramientas informáticas homologadas, formas de garantizar la cadena de custodia para asegurar la prueba con el resguardo de una copia en internet para el defensor, hacer una bitácora para evitar que se carguen prueba en el momento, etc. Es un tema super complejo de cambio cultural.
