Nicolás Negri, coord Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

“Código Procesal Penal: una herramienta contra el crimen organizado”

La dependencia a cargo de la asistencia técnica a la presidencia argentina en el GAFI evalúa los estándares del país en la lucha contra el lavado de dinero.

La dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de la asistencia técnica a la presidencia argentina en el GAFI también evalúa los estándares del país en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cómo fue 2017 y cuáles son los desafíos para este año.

En 2017, por primera vez, la Argentina comenzó a realizar dos autoevaluaciones claves en la lucha contra la criminalidad financiera. Una de ellas analiza sus riesgos en materia de lavado de activos y mientras que la otra se aboca a mensurar sus estándares en materia de prevención de la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Son trabajos diagnósticos que deben realizar todos los países y que son requeridos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Buscan ofrecen un estado de situación en lo que hace a “esas amenazas criminales, su impacto y las vulnerabilidades que tiene el sistema nacional de prevención”, explica Nicolás Ernesto Negri, titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, creada en 2016 por Decreto del Presidente Macri.

-¿Cuál es la principal tarea de la Coordinación?

-El Presidente, Mauricio Macri, como responsabilidad primaria nos encomendó llevar a cabo esta evaluación, que es una exigencia del GAFI desde 2012, y que la Argentina estaba incumpliendo desde entonces. La idea es tener un diagnóstico serio que permita generar herramientas adecuadas para la prevención y combate de estos crímenes. La Coordinación ya está avanzando en la Evaluación en materia de financiamiento del terrorismo, con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que pensamos concluir en el primer cuatrimestre de este año, y estamos avanzados en la gestión de asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar adelante este año la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de Lavado de Activo.

-En concreto ¿cómo se realizan esos diagnósticos?

-Se busca evaluar los riesgos del país, esto es, cuáles son las principales amenazas criminales, su impacto y las vulnerabilidades del Estado para enfrentarlos, a través de la participación de más de 50 agencias del sector público y el privado que lo que hacen es proveernos de información cualitativa y cuantitativa, además de sus percepciones de riesgos en cada sector particular. También es importante considerar el contexto económico, institucional y criminal de nuestro país en atención a las vulnerabilidades que pueden presentar frente a estas amenazas criminales.

-¿Cuáles son esas agencias?

-Son todas aquellas que de alguna manera tienen competencias o responsabilidades en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el caso del sector público, nuestros aliados estratégicos son la Unidad de Información Financiera, el Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, el INAES, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones y, por supuesto, distintas áreas del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros. En el sector privado es fundamental el involucramiento de los sectores bancarios, financiero, bursátil y de seguros, el mutualismo y cooperativismo, como así también otros actores económicos críticos a través de los cuales se puedan filtrar activos criminales o fondos para financiar el terrorismo.

-Con esa información ¿qué se hace?

-La idea es, a partir de ese diagnóstico, posibilitar que estos actores esenciales de lo que llamamos el Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación tengan una cabal comprensión de sus riesgos, y generar a partir de ellos una Estrategia Nacional en la materia  que permita una aplicación inteligente de los recursos públicos y privados, sabiendo que estos últimos no son ilimitados.

-¿Se publica ese informe?

-Se da a conocer, sí. Con distintos grados de confidencialidad. Pero la idea es que se divulgue para que todas las agencias, los sectores económicos, el Estado “comprendan” sus riesgos, que es lo que pide el GAFI como principal paso para poder ejecutar las políticas más adecuadas. Cuando nos vuelva a evaluar ese organismo en 2020, nos va a preguntar, en primer lugar, si existe un compromiso político fuerte y sincero para enfrentar estos flagelos, en segundo lugar, si el país tiene claro cuáles son sus riesgos, y después, si se generó una estrategia acorde para mitigarlos.

Si bien se perdió mucho tiempo, desde 2016 estamos trabajando para fortalecer la respuesta del Estado y de los actores del sector privado, a partir de algo muy importante que es finalmente el reconocimiento de que el crimen organizado es una amenaza cierta y global.

-¿Se puede decir que hay una agenda común entre la Coordinación y el GAFI?

-Efectivamente otra de las principales responsabilidades de la Coordinación es brindar asistencia técnica y asesoramiento estratégico al señor Secretario de Justicia como presidente del GAFI, y por ello tuvimos la responsabilidad de contribuir en la generación de la agenda de prioridades del organismo, y entre ellas el combate al terrorismo y su financiación como agenda global, pero también llevando a esa agenda preocupaciones más propias o regionales, como es la agenda de la inclusión financiera o del fortalecimiento de las capacidades y recursos de la Justicia.

-¿Cuáles fueron las políticas públicas destacadas de 2017?

-Además de las señaladas, otro de los temas insignia de la agenda de la Coordinación es, en paralelo a la agenda del GAFI, contribuir a la efectividad del Sistema de Justicia y, en particular, al fortalecimiento de sus capacidades para llevar adelante investigaciones financieras y patrimoniales en casos de delitos complejos con el objeto de identificar, congelar y decomisar el dinero y los bienes de las organizaciones criminales, para debilitarlas y para recuperarlos en favor del Estado y las víctimas.

Ya sabemos que no alcanza con producir condenas a prisión o, para el caso del narcotráfico por ejemplo, secuestrar la droga. Las organizaciones criminales tienen como fin último obtener ganancias para su disfrute o reinversión en la empresa criminal, y por ello es mucho más efectivo privarlas de sus recursos e imposibilitar su legitimación o blanqueo.   

El desafío es cambiar la cultura de todos los que tenemos que ver con el Sistema de Justicia: aparte de investigar el delito precedente hay que seguir la ruta del dinero y sus verdaderos beneficiarios, y hoy estamos viendo en la Justicia Federal algunos casos exitosos de investigaciones complejas.

-¿Cuál es la magnitud de lo que se investiga hoy?

-En estos últimos dos años se empezó a avanzar con algún éxito en investigaciones patrimoniales y financieras que van permitiendo identificar el dinero, los activos o los bienes producto del delito, y en algunos casos decomisarlos. Los jueces y los fiscales tienen mucho para aportar, transmitiendo sus experiencias, sus desafíos y obstáculos, sus necesidades y sus experiencias exitosas.

Estamos por ello trabajando, en conjunto con jueces y fiscales, en un estudio que permita el diseño de un Protocolo de Investigación Patrimonial y Financiera que sea una guía práctica de probada efectividad que ayude a conducir este tipo de investigaciones económicas en forma paralela desde el día 1 de la causa, identificando todas aquellas agencias públicas y privadas que cuentan con información útil para seguir la ruta del dinero e identificar a sus beneficiarios finales.

-¿Existen las condiciones para investigar?

-Este protocolo es una herramienta que va a sumarse a algunas que se vienen aprobando, como las leyes de Responsabilidad Penal Empresaria o del ‘Arrepentido’, y otras que contribuyen a procesos más rápidos, como la Ley de Flagrancia o la de Juicios Penales Unipersonales. Pero lo fundamental es la pronta instrumentación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, moderno y pensado para la lucha contra el delito complejo, y la sanción del nuevo Código Penal en el que se está trabajando para que esté a la altura de la nueva realidad criminal del Siglo XXI.