Foto: Patrick Haar

Un programa de Naciones Unidas, que en el país lleva a cabo la Defensoría del pueblo, evalúa el accionar de firmas multinacionales en el país. Anualmente elaborarán un informe para remitir al Estado nacional y al foro especializado en Naciones Unidas.


El aumento de la actividad económica transnacional en la década de 1990 atrajo la atención de las Naciones Unidas respecto del impacto sobre los Derechos Humanos que las empresas imprimían con su nuevo rol. Así se creó un programa que monitorea los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos, elaborado por las Naciones Unidas.

La iniciativa tiene que ver con la aplicación de esos Principios pero también con la promoción de las buenas prácticas que emanan de ellos. La acción concreta se traduce, cuando corresponde, en recomendaciones o exhortaciones tanto al Estado Nacional como a las empresas nacionales y transnacionales implicadas.

En el país, el programa es impulsado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y deberá, de manera anual, entregar un informe que se le dará al Estado Nacional y al Sistema de Naciones Unidas, particularmente, al Consejo de Derechos Humanos. También accederán al documento el Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, que se constituyó con el Foro homónimo.

El trabajo que culminó en estos Principios incluyó a todos los interesados: gobiernos, empresas y asociaciones empresariales, particulares y comunidades directamente afectadas por actividades empresariales en diversas partes del mundo, la sociedad civil y expertos en los muy variados campos jurídicos y políticos

Los Principios rectores se basan, entre otras cosas, en que “el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos”.

Desde la Defensoría, para la aplicación del programa, se exhortó a todas las autoridades públicas del país, nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con los requerimientos que les sean formulados en función de los principios que reconocen la Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de buena gobernanza.

Además, “se invitó a la sociedad civil en su conjunto, así como también a las empresas nacionales y transnacionales, a participar, cooperar y colaborar de manera directa con el desarrollo del Programa”, informaron.

Las Naciones Unidas se basan en tres pilares el deber de los Estados de proteger frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por las empresas, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y  a necesidad de que las víctimas tengan un mayor acceso a los recursos, tanto judiciales como extra judiciales. Algo que tiene como objetivo “proteger, respetar y remediar”.

Los Principios marcan, por ejemplo, que las compañías deben evitar “que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos”. Asimismo, las insta a que “traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlo”

La Defensoría del Pueblo de la Nación creó en el año 2015 el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030”, a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades públicas del país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa Agenda, por parte del Estado Nacional. Es en ese marco que se inscribe el programa de empresas y Derechos Humanos.