El titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, impulsa un proyecto que piden familiares de víctimas. Pero la herramienta abriría también una ventana para sentenciar a represores.

La discusión respecto de si debe autorizarse el juicio en ausencia en Argentina ya comenzó. La iniciativa que impulsaron algunas organizaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA cosechó el aval del titular de la unidad especial que investiga tanto la muerte del fiscal Alberto Nisman como el atentado a la mutual judía, Mario Cimadevilla. De implementarse, podrían juzgarse tanto crímenes del terrorismo internacional como de  lesa humanidad.

El debate en torno a esta alteración del status de la defensa versa sobre la observación de las garantías constitucionales. En ese sentido, Argentina ya habría sentado precedente en favor mediante el fallo de la Corte Suprema que avaló la extradición del genocida nazi Erich Priebke. El Máximo Tribunal no puso en duda el proceso por el que se lo condenó en Italia y autorizó su partida del país para cumplir la sentencia.

Que un acusado vaya a juicio sin estar en la sala -por paradójico que suene- no implicaría per se que no puede ser defendido, ya que su letrado tiene la obligación de cumplir su rol. Los jueces podrían impartir justicia en base a la instrucción y los testimonios que se presenten mientras que el trabajo del Estado seguiría siendo el de garantizar que se comunique y haga cumplir la condena o absolución.

Cimadevilla, titular de la unidad especial de investigación.
Cimadevilla, titular de la unidad especial de investigación.

Cimadevilla elabora el proyecto para que el congreso habilite el “juicio en ausencia” como herramienta procesal.

A poco de asumir, Cimadevilla se puso al frente de un proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para habilitar el “juicio en ausencia” como herramienta procesal, con énfasis en que no se aplicaría sólo contra los iraníes presuntos responsables de la bomba que mató a 85 personas en 1994 sino también contra represores que no han podido ser llevados ante la Justicia acusados de delitos de lesa humanidad, según lo insinuó.

“Sabemos que es un tema controversial pero también que no hay ningún impedimento constitucional o legal para que se implemente. Por eso queremos debatir el tema en el Congreso y en la sociedad”, opinó el ex senador radical.