El acceso a la Justicia como política antidelictiva

Las causas en las que se investiguen a funcionarios por corrupción podrían convertirse en material de acceso público, de acuerdo a un proyecto que presentó la Corte Suprema.

Cualquier ciudadano interesado en conocer sobre los actos de corrupción de gobierno podrá hacerlo si se convierte en ley un proyecto de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una base de datos en la que se podrá acceder el tipo de causas, temas y hasta el nombre de los funcionarios involucrados, dentro de los límites legales que fija el debido proceso.

El Máximo Tribunal definió la acción como un avance en el “mejoramiento de la transparencia informativa”, enmarcado en su programa de Gobierno Abierto.

También se presentó un observatorio para mejorar la eficacia del Poder Judicial en el juzgamiento de este tipo de delitos y se anunciará el entrecruzamiento de las bases de datos de la Corte y la Oficina de la Mujer del Alto Tribunal sobre causas vinculadas a la trata de personas.

“Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva a la tutela de dicho derecho”, sostiene el preámbulo de las 100 reglas sobre el acceso a la Justicia que desarrolló Brasilia en la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008. En sintonía con esa sentencia, el Máximo Tribunal y el fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal trabajaron en el proyecto, que tiene como norte garantizar el acceso a la Justicia.

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Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Ricardo Lorenzetti, magistrado supremo del  triunvirato de jueces, mostró en sucesivas ocasiones su posición de avance de las investigaciones contra la corrupción como la que se realiza en Brasil contra el gobierno de Dilma Roussef, conocidas como ‘Mensalao’: “Aquí lo que se necesita es, como hizo Brasil, una política de Estado para cambiar el sistema. Se lo hemos planteado al resto de los poderes del Estado”, declaró el juez unos meses atrás.

La Corte tiene entre sus políticas de los últimos años, el fomento de un “modelo de gestión basado en la transparencia informativa, la participación social y la prioridad asignada al servicio que se brinda a la comunidad”, acción a la que denomina como Gobierno Abierto y que ocupa un área específica en su organigrama.