Diferencias entre extinción de dominio y decomiso de bienes

La Cámara de Diputados tratará una iniciativa que prevé que los bienes provenientes de actividades ilícitas sean recuperados por el Estado. En Argentina funciona el decomiso de bienes. ¿Cuál es la diferencia?

A mitad de año comenzó la discusión en torno al proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que busca que los bienes adquiridos con dinero de actividades ilícitas puedan ser decomisados con un fin social. En defensa de la iniciativa, ante legisladores de diferentes bloques la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recordó que “en los últimos cinco años se han detectado maniobras de lavado del narcotráfico por al menos 4 mil millones de pesos”.

En Argentina existe una herramienta que apunta en un sentido similar y que se utiliza en la actualidad: el decomiso de bienes. Las diferencias sustanciales entre una y otra radican, en principio, en el fuero por el que se ven atravesadas; el proyecto se inscribe en la órbita del Derecho Civil, mientras que el sistema vigente está contemplado en el Código Penal.

El artículo 23 del Código Penal establece que en Dinero-Dolarlos casos en los que exista una condena se puedan llevar a cabo los decomisos de “las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios”.

Al mismo tiempo, en este mismo artículo se prevé la aplicación de este sistema para los bienes que fueran utilizados en tipos determinados de delitos, como los muebles o inmuebles en donde la víctima fuera privada de su libertad. La ganancia proveniente de esa operación deberá tener como destino un programa de asistencia a la víctima.

Hay, sin embargo, un supuesto donde opera el decomiso de bienes sin condena previa: uno introducido gracias a la sanción de la Ley 26.683, que establece que los bienes provenientes de lavado de activos se podrán decomisar sin la necesidad de una condena previa. Así se señala en el artículo 305.

El proyecto que obtuvo dictamen de comisión, y que se espera que en las próximas semanas sea debatido ante el pleno de la cámara baja, apunta hacia el Código Civil y Comercial. Esto ya no se trata de un decomiso sino, como su nombre lo indica, de una extinción de dominio sobre el bien en cuestión. Es decir, el acusado deja de tener posesión sobre ese bien que obtuvo a través de su actividad ilícita.

Si bien la acción puede ser llevada a cabo sin condena previa, el mecanismo propuesto contempla que la Oficina Anticorrupción (OA) o la Unidad de Información Financiera (UIF) pueden iniciar una investigación preliminar ante la presunción de que algún bien fue comprado con dinero proveniente de actividades ilegales. Si la evidencia muestra que la hipótesis de estos organismos es correcta, se podrá avanzar con el mecanismo para que el Estado utilice estos recursos con fines sociales.

La herramienta se utiliza en algunos países europes, y en América están los casos de Estados Unidos y Colombia. Con respecto a este último país, en la discusión en el Congreso se consignó que en tres años de aplicación se recuperaron más de 3.000 millones de dólares.