El domicilio digital es suficiente para litigar en Córdoba capital

Las nuevas tecnologías acortan los tiempos procesales y, por supuesto, también las distancias. De las dificultades de índole territorial comienza a liberarse el ejercicio de la Justicia a través de disposiciones que buscan hacerla más rápida y eficiente.

Justamente, fue superado lo que tradicionalmente constituía una dificultad práctica en la provincia de Córdoba cuando un litigante ante un tribunal del interior debía presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia cordobés, porque debía fijar domicilio en el radio de dicho tribunal. Desde la incorporación de las notificaciones mediante cédula digital, ya no es una exigencia constituir un domicilio en la ciudad de Córdoba en causas originadas fuera de la capital.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de la provincia -integrada por los jueces Luis Rubio, María de las Mercedes Blanc y Domingo Sesín- dispuso en un fallo reciente que esa obligación “ha perdido relevancia”, señalando que ese recaudo está cumplido simplemente con fijar el domicilio electrónico.

En el ámbito de los casos del fuero Laboral, el Código Procesal Laboral estipula que para interponer un recurso de casación es necesario constituir “domicilio legal ante el Tribunal Superior de Justicia”. En el terreno práctico, ello significa que frente a un fallo de un tribunal de Rio Cuarto, el abogado, si aspira a recurrir al Máximo Tribunal, debe constituir domicilio en Córdoba Capital, lo que implica costos adicionales de lo que se conoce como “casillero” de notificaciones.

Con su resolución, los jueces intervinientes revocaron la sentencia del tribunal de Río Tercero, que había rechazado el recurso de casación porque el apelante no constituyó domicilio dentro del radio de la ciudad de Córdoba para su trámite ante la jurisdicción del Tribunal Superior.

En los considerandos del fallo, los miembros de la Sala Laboral  indicaron que  si bien “el artículo 100 del Código Procesal Laboral no prescribe específicamente la sanción de inadmisibilidad frente a la omisión de constituir domicilio legal por ante el Máximo Tribunal Provincial, en casos como el subexamen que fueron tramitados originariamente ante otra sede, resultaba indispensable, pues de otro modo no se sabría a dónde dirigir las notificaciones que debieran cursarse”. Pese a ello, los jueces evaluaron que con la implementación del sistema de notificación por cédula digital debe contemplarse que la situación  ha variado “sustancialmente”.

El reciente fallo puntualiza la implementación de distintos procedimientos de modernización a nivel provincial con vistas a la implementación de nuevas tecnologías al funcionamiento del servicio jurisdiccional, y cita el Acuerdo Reglamentario Nº 1103, Serie “A”, (junio de 2012),  que estipuló  que las notificaciones de providencias, decretos y resoluciones deben realizarse “mediante cédula de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y contraseña que posee todo abogado para hacer uso del Servicio Extranet (Mis e-Cédulas)”. Asimismo, el fallo trae a colación los acuerdos reglamentarios serie “A” N° 1176, N° 1185 y  N° 1232, que ampliaron su aplicación a todos los órganos judiciales de la provincia con competencia Laboral, lo cual comprende también a los procesos tramitados en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba,  a partir del 1 de octubre de 2014.

Para el Alto Tribunal, la aceptación del recaudo cumplido mediante el domicilio electrónico supone  la mejor preservación del derecho de defensa, el debido proceso y garantiza el más amplio acceso a la Justicia, de manera tal que la previa exigencia de constituir domicilio en el ámbito territorial de la capital cordobesa ya no es más un requisito indispensable para que un recurso sea procedente.

El proceso de despapelización y modernización judicial en Córdoba tiene por supuesto precedentes. En junio de 2016, los jueces de las ciudades de Córdoba y Carlos Paz comenzaron a notificar digitalmente las medidas cautelares que los magistrados dictaran en causas de violencia familiar. De esta manera, en la actualidad, los jueces de esas localidades comunican digitalmente a la policía provincial medidas tales como restricción de acercamiento, prohibición de contacto, exclusión del agresor, entre otras disposiciones. Por otra parte, en febrero de 2017, La Rioja puso en marcha, a prueba, el formato de notificación digital en los juzgados, en el marco de la ley 9.607, que habilita el uso de documentos, firmas electrónicas y digitales, comunicaciones y domicilios electrónicos en todos los procesos, especificándose que presentan la misma rigurosidad jurídica y valor probatorio que su símil en papel.