Divorcio: a treinta años de la sanción de una ley histórica

El gobierno de Raúl Alfonsín sancionó hace tres décadas la ley 23.515, de divorcio vincular. Qué cambió entonces y qué modificaciones se produjeron hace dos años, con la implementación del nuevo Código Civil y Comercial.

La sesión duró sólo 40 minutos. Por mayoría -176 votos a favor y 36 en contra-, la Cámara de Diputados aprobaba hace treinta años una de las más trascendentales normativas de la vida cotidiana argentina: la ley 23.515, de divorcio vincular. No es que hasta ese momento las parejas no pudieran desvincularse legalmente, sino que no podían volver a casarse. Eso fue lo revolucionario: les permitió a los separados volver a contraer matrimonio. La votación sucedió el 3 de junio de 1987 y días después la promulgó el entonces presidente Raúl Alfonsín.

No le fue fácil a Alfonsín lidiar con el tema. El escenario político no era el mejor: la economía ya mostraba signos de debilidad y había tensiones con las fuerzas armadas. A eso se sumó que el debate previo por la ley generó presiones de la Iglesia y reclamos de grupos ultra católicos.

La nueva ley determinaba que el divorcio vincular podía llegar de dos formas. Si se hacía de mutuo acuerdo entre los cónyuges, se podían divorciar al año. Si no, transcurridos tres años de la sentencia firme de la separación, cualquiera de los integrantes de la pareja podía solicitar el divorcio. También había otros motivos para pedirlo: el adulterio, las injurias graves, el abandono voluntario, la separación de hecho, la instigación a cometer delitos y la tentativa contra la vida del otro o de los hijos. Y se elevó, además, el aumento de las edades mínimas para contraer matrimonio: de 14 a 16 años para la mujer, y de 16 a 18 para el hombre.

Los antecedentes

El divorcio vincular había estado vigente con anterioridad, durante dos años (de 1954 a 1956) del segundo mandato de Juan Domingo Perón. En ese breve lapso, la ley 14.394 permitió a los divorciados casarse de nuevo.

Pero ese derecho quedó anulado tras el golpe de Estado que dio la llamada Revolución Libertadora. Por eso eran habituales los casamientos en países limítrofes y en México, o directamente las uniones de hecho.

En 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, hubo una levísima mejora: ya no hubo que demostrar la culpabilidad de alguna de las partes para romper el lazo. La Ley 17.711 habilitaba el divorcio por mutuo acuerdo, pero en muchos casos los trámites se perdían en la burocracia judicial: la desvinculación definitiva podía tardar años.

Esa fue la ley que se utilizó por casi medio siglo. Hasta 2015, cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, que contiene 2.500 artículos que regulan la vida de las personas.

Ahora el divorcio puede realizarse por voluntad de una sola de las partes, sin requisitos temporales. Las parejas pueden separarse rápidamente, sin necesidad de explicarle los motivos a un juez. Tampoco hay que esperar tres años para concretarlo, como fijaba la ley anterior.

Según el Código Civil, los cónyuges pueden hacer propuestas y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución. El texto señala: “Puede ser pedido por cualquiera de los cónyuges o por ambos, en cualquier momento y no es necesario invocar una causa. Se protege al cónyuge que sufre un desequilibrio por el divorcio al reconocerle el derecho a una compensación económica”.

El Registro Civil porteño registró entre 1987 y 1989 más de 40 mil divorcios. Pasada la “fiebre” de los primeros años, la tasa se estabilizó y empezó a descender. Hoy hay en la Ciudad un divorcio cada dos nuevos matrimonios. De acuerdo a los registros del año pasado de la Dirección General de Estadísticas y Censos del gobierno porteño, un promedio de quince parejas se divorcian en la ciudad: en 2006 hubo 5.643 divorcios y el promedio de edad de los varones fue de 47 años y 44 años las mujeres.