Diversos proyectos a favor de las víctimas de delitos

Varias iniciativas en el Congreso nacional disponen modificaciones en la legislación en beneficios de las personas como evitar el contacto visual con el imputado, el asesoramiento jurídico gratuito o declarar a distancia.

El proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados por impulso de la organización civil de familias de víctimas de delitos “Para que no te pase”, espera ser debatido en el seno del Senado. Plantea modificaciones al Código Penal sobre la figura de la “víctima y sus derechos”, especifíca sus modos de protección en los procesos penales así como dispone la creación de un ente del Estado especializado en contenerlas.

El primer artículo del proyecto de ley dispone la creación del “Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito y Abuso de Poder”, que tendrá como objeto el diseño y la implementación de políticas públicas “destinadas a la lucha contra la impunidad y la protección y promoción de los derechos de quienes sufren un delito”.

La creación de un Centro de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito va en línea con el cumplimiento de los derechos, obligaciones, programas y acciones previstos en la ley. El mismo estaría integrado por profesionales del derecho, la psicología, la medicina y auxiliares en ciencias sociales.

El cambio de concepto

El artículo 26 plantea la modificación del 78 de la ley 27.063 del Código Procesal Penal de la Nación, que amplía los casos en los que se consideraría “víctima” a “toda persona que, individual o colectiva­mente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas, mentales o que afecte la libre dispo­nibilidad de sus bienes jurídicos, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de la comisión de un delito”.

En tanto, también incluye “al cónyuge o persona con análoga relación de afectividad (…) o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”, así como a las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves viola­ciones a los derechos humanos y a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros, genocidio o afecten de un modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente; o los socios partes de una empresa comercial.

Derechos

Del debate del proyecto fueron parte los familiares de diversas tragedias colectivas contemporáneas del país como Cromañón, y Once así como particulares como el padre de Soledad, Guillermo Bargna, asesinada en 2009; o Graciela Pera, madre de Matías Díaz asesinado en un asalto en 2004 en San Fernando.

La finalidad, enuncia el proyecto,  tiene como fin “la tutela judicial en todo proceso penal”. En esa línea, un capítulo especifica “reconocer y garantizar los derechos de las vícti­mas del delito y de violaciones a derechos humanos”, en especial, “el derecho al asesoramiento, asistencia  representación, protección, verdad, acceso a la Justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los de­más derechos consagrados en la Constitución Nacional, y en los tratados internacionales”.

En el proyecto con media sanción de la Cámara baja, se menciona la asistencia jurídica gratuita en caso de no contar con un abogado particular y por solicitud de la misma. Y se garantizan estrictos niveles de protección que deberá ejercer el órgano creado a tal efecto:

  •  Asesoramiento: Toda persona víctima de un delito que concurra a los Centros de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito contará con atención, asesoramiento y orientación jurídica gratuita en la sede del establecimiento las 24 horas del día.
  •  Asistencia jurídica: A recibir patrocinio letra­do, en los casos previstos en el artículo 9º de esta ley, para el ejercicio de su derecho a ser oído, en los procesos penales y de ejecución de la pena.
  • Representación letrada: A la constitución como parte querellante o instituto análogo en los casos previstos en el artículo 10 de la presente ley con representación letrada gratuita.

En tanto, explica, que el Fondo de Asistencia Económica para las Víctimas del Delito y el Abuso de Poder se compondrá con recursos correspondientes al 1 % de lo produ­cido en remates judiciales de objetos decomisados o secuestrados que no hubieren podido ser entregados a sus dueños en el marco de causas penales; así como con fondos del presupuesto nacional a asignar.

Atención judicial cercana

En varios artículos de la misiva, se explayan los derechos que los operadores judiciales deben tener en cuenta al momento de recibir a una “víctima” en los tribunales. Y detalla los casos de “medidas especiales de protección” como las causas de delitos contra la integridad sexual, violencia de género y contra la mujer.

“Un trato digno y respetuoso”, menciona el texto aprobado en Diputados que pone en un lugar privilegiado a los afectados por delitos vinculados a la inseguridad. Y agrega, que “sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento” y que debe “ser informada por parte de la primera autori­dad que intervenga de los derechos contenidos en la presente ley, y la dirección y demás datos del Centro de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito más cercano a su domicilio y, en caso de ser requerido, a ser trasladada hasta el mismo”.

El juzgado también deberá entregarle una co­pia de la denuncia donde conste la autoridad que deberá intervenir, asistirla en las declaraciones de los testigos, con la facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones a través de su abogado que será gratuito. En tanto, se debe “respetar su intimidad” en la medida que no obstruya la investigación, y solicitar medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas.

En tanto, la Justicia en determinadas causas deberá proceder a la entrega, sin dilaciones, del cadáver o los res­tos mortales del familiar que sufrió el delito una vez que se cumplan las medidas procesales de rigor, y a realizar la búsqueda “sin dilaciones” de cualquier persona desaparecida que se presuma víctima de un delito.

Sobre las resoluciones o sentencias dictadas por los magistrados o fiscales intervinientes, el proyecto estipula que las ellas o sus familiares deberán ser notificadas del archivo, la suspensión o el desistimiento de la acción penal. Y en detalle, de la adopción de medidas cautelares que garanticen la seguridad de la familia.

Sobre la ejecución de la pena del condenado o algún beneficio como su libertad o eventual fuga, la ley explica que deberán ser informadas como así también que se le comuni­carán cuando se cierre la etapa de investigación o instrucción y la que fije fecha y lugar de realización del juicio oral. En tanto, cuando así lo solicite, las no­tificaciones el juzgado las podrá realizar a su dirección de correo electrónico o “medio tecnológico equivalente”.

En la fase de investigación,  se prevé que pueden aportar información durante el curso de la causa, a declarar en “estricta reserva de identidad” si corre riesgo de vida por la naturaleza del delito investigado como un caso de violencia doméstica o de crimen organizado. En este tipo de causas, no podrán ser obligadas a asistir a las audiencias del juicio oral y deberán instrumentarse medidas para su presencia “virtual” o hacerse cargo del “traslado”.

En tanto, tendrán la disponibilidad de “declarar ante una sola persona”, que su declaración sea recibida por “profesiona­les con una formación especial para reducir o limitar sus perjuicios” y que cuando se trate de alguna de delitos contra la integridad sexual y de trata de personas con fines de explotación sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo, salvo que ello pueda perjudicar de forma rele­vante el desarrollo del proceso. Así como tendrán la posibilidad de “evitar todo tipo de contacto entre la víctima y el supuesto autor de los hechos y/o la reiteración de los mismos”.

Juicio oral en causas sensibles

Entre los artículos de proyecto para poner en valor el derecho de los damnificados por hechos de inseguridad, se explicita que algunas medidas en pleno proceso oral es “evitar el contacto visual entre la víc­tima y el supuesto autor de los hechos”, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías como las videoconferencias. Estas, garantizarían que la “pueda ser oída sin estar presente en la sala de audiencias”.

En tanto, también se prevéla celebración del debate oral sin presencia de público”. En estos casos, el juez o el presidente del tribunal podrán autorizar, sin embargo, “la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa”.

Y se menciona un apartado sobre “Medidas de especial protección” en las cuales se encuadran los delitos contra la integri­dad sexual, violencia de género y contra la mujer. Ellas son el regreso digno y seguro al lugar de residen­cia; la adopción de medidas cautelares tendientes a garantizar los perjuicios emergentes por pér­dida de los días de trabajo, gastos de atención médica, psicológica, farmacológica, transporte, alojamiento transitorio digno y seguro y de mantenimiento propio y el de sus hijos; recibir ayuda médica y psicológica especia­lizada de emergencia por las instituciones públicas del Estado nacional, provincial o mu­nicipal;  y recibir ayuda farmacológica para realizar análisis, prácticas e intervenciones en las mismas condiciones.