Alerta por sentencias con contenido discriminatorio

Un juez introdujo la condición de extranjera como un agravante en una condena y generó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, que dio parte del hecho al INADI.

Se conoció una sentencia dictada por el Tribunal Oral I de La Plata en la que se condenó a una travesti por comercialización de estupefacientes y se tomó como agravante su “condición de extranjera”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos mostraron su “preocupación” por el fallo y dieron intervención al INADI. Por otra parte, varias organizaciones ya anticiparon que pedirán el juicio político al juez autor de la sentencia, Juan José Ruiz, y al fiscal que actuó en el expediente, Martin Chiorazzi.

El juez, en la sentencia argumentó de manera discriminatoria el agravante: “Las conclusiones a las que arribo aterran a más de uno y hablan de xenofobia. Nada más lejos de la verdad. ¿Quién de entre nosotros los argentinos, incluso el suscripto, no tiene un abuelo o una abuela español, un nono o una nona, un grandfather o grandmother, corriendo por la sangre de sus venas?”.

“La diferencia es que ellos, vinieron como pide y exige la Constitución Nacional, a labrar la tierra, a desarrollar el comercio y la industria, a enseñar y aprender. ¡No vinieron a robar, vinieron a trabajar! ¿Se ve la diferencia?”, remató el juez al condenar a Claudia Córdova, a la que durante todo el fallo denomina como “el travestido” o “alias Claudia”.

El secretario de DDHH, Claudio Avruj, dio parte al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que intervenga en el caso por considerar que el fallo contiene aspectos discriminatorios. “Nos preocupan estos resabios de xenofobia que todavía perduran en algunos ámbitos de nuestra sociedad” y “especialmente cuando tienen lugar dentro de las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia”, dijo Avruj mediante un comunicado.

¿Juicio político al juez?

Además de la Secretaría, varias organizaciones y organismos expresaron su preocupación por la sentencia y hasta anticiparon que llevaran a juicio político al juez Ruiz. La Defensoría General de la Nación expresó su preocupación por los contenidos “xenófobos y transfóbicos” que pueden verse en la sentencia “en violación a la ley de identidad de género”.

A ello se sumaron organizaciones que pedirán el juicio político al magistrado. La Comisión por la Memoria después de analizar el fallo sostuvo que impulsará un pedido de jury contra el juez Ruiz, quien estuvo a cargo del proceso y firmó el fallo. Además, elevarán notas de manera urgente a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Procuradora provincial María del Carmen Falbo reclamando la sanción tanto para el juez como del fiscal.

Lo mismo ocurre con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FAGLBT) que anticipó que pedirá la destitución del juez al que acusan además de tratar a Claudia en su sentencia como varón, desconociendo su identidad trans, en clara violación a la Ley 26.743.

En Salta ordenaron sacar expresiones estigmatizantes de un fallo

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta dispuso adecuar la terminología utilizada en una sentencia de primera instancia que declaraba incapaz a una persona. En toda la sentencia se utilizaba el término “incapaz” y las juezas ordenaron reemplazar esto por el nombre de la persona.

Las juezas Hebe Samsón y Verónica Gómez Naar fallaron en el marco de una causa en la que se pedía “la declaración de incapacidad y se designe un curador definitivo” para velar por sus necesidades. Y fue, precisamente, la curadora oficial quien apeló la sentencia de primera instancia porque se usaron “vocablos estigmatizantes, discriminatorios y segregatorios”.

La Convención Internacional y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación consagran “un nuevo paradigma de capacidad y de igualdad de trato, por los cuales la restricción debe afectar lo menos posible la autonomía de la persona con discapacidad, debiendo utilizarse terminología armónica con la nuevas normas, que no resulte ofensiva ni discriminatoria para la persona que la sufre y que asegure el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención Internacional”, explicaron las juezas.