Denegaron la probation en un caso de discriminación

La Cámara Federal de Casación Penal determinó que no se podía utilizar la suspensión del juicio a prueba a favor de un hombre que cometió actos discriminatorios contra la comunidad judía.

Los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la instancia judicial previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese fuero, determinaron que no se podía aplicar la “probation” en un caso en el que un hombre fue imputado por discriminación. Concretamente, en la causa se lo señala por la difusión de ideas sobre superioridad racial y antisemitismo.

La comunidad judía fue la principal afectada por el mensaje discriminador de Gastón Roberto García, plasmado en una web, cuya identidad fue descubierta gracias al trabajo del Área de Investigaciones Telemáticas de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana. A través de su servicio de Internet pudieron rastrearlo.

La “probation” se trata de un instrumento mediante el cual se puede suspender el juicio a una persona acusada por delitos que no superen la pena de tres años de prisión, con algunas condiciones conductuales establecidas por un juez o un tribunal. Así lo establece el artículo 76 bis del Código Penal.

En este caso, tanto los integrantes de la instancia judicial anterior, que es la Cámara Federal de San Martín, como los jueces de Casación Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, coincidieron en que no se podía aplicar esta herramienta en el caso.

En primer lugar, remarcaron la aplicación del artículo 3 de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que establece que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.

Los magistrados recordaron la posición del juez de instrucción que llevó la investigación del caso, quien precisó que “la trascendencia pública” y “el daño colectivo” causado por las publicaciones realizadas en la web por el imputado generaron la necesidad de que el caso sea tratado en un debate oral y público. También señaló que así lo indicaban las normativas internacionales incorporadas a la Constitución Nacional.

Para acceder a la probation, el imputado debe ofrecer algún tipo de resarcimiento y compromiso con desafectar a los agraviados, pero en este caso la oferta “no alcanza a reparar, siquiera simbólicamente, el daño que produjo, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de la actividad ilícita que desplegó”.

En el caso, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) fue la encargada de impulsar la denuncia y constituirse como querella. La organización persigue esta clase de delitos hace muchos años, ya que Internet resulta ser un canal muy común para la difusión de propaganda antisemita y discriminatoria.