Diputados sancionó la Ley de Protección a Víctimas de Delitos

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley del Régimen de Protección, Derechos y Garantías a las Víctimas de Delitos. El resultado de la votación fue de 219 votos a favor y ninguno en contra. La sesión había sido convocada por Cambiemos. 

La iniciativa ahora convertida en ley establece la creación de centros de protección a las víctimas de delitos, los cuales deberán permanecer abiertos las 24 horas y contar con un equipo especializado a cargo de los mismos. Estos centros de asistencia y protección deberán asumir el patrocinio legal gratuito hasta la culminación del proceso y el agotamiento de la pena.

A fines de mayo de este año, con los votos de la totalidad de los legisladores asistentes a la sesión, el Senado aprobó el  proyecto que ahora Diputados convirtió en ley.  En esa ocasión, durante el tratamiento, se avanzó en el debate sobre el rol de las víctimas durante el proceso Penal; fue aprobado en la Cámara baja, pero, las modificaciones introducidas en el Senado obligaron a que el proyecto volviera a ser tratado en Diputados para su ratificación y posterior aprobación.

Entre otros aspectos, la nueva norma crea un régimen de protección a las víctimas, prevé el patrocinio letrado gratuito para quienes sufran delitos en su contra; también, instaura la creación de centros de atención a la víctima con equipos interdisciplinarios, disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, incorpora la notificación a las víctimas en lo concerniente a excarcelaciones, permisos de libertad condicional o salidas transitorias que beneficien a sus victimarios.

Algunas de las modificaciones que recibió la propuesta original en la Cámara alta son, por ejemplo, la creación de la figura del defensor público de la víctima -se acordó que haya uno por provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-; y la creación de una red de letrados dependientes de la Defensoría General de la Nación (DGN) para que actúen como defensores coadyuvantes.

Durante el proceso de modificaciones y debates introducidos en el proyecto, participaron distintos representantes de la sociedad civil, como asociaciones de víctimas y referentes de casos de gran difusión pública como lo son Viviam Perrone, Matías Bagnato, Carolina Píparo y María Luján Rey. Parte de ellos, presenciaron el desarrollo de los debates y la aprobación definitiva de la ley desde los palcos y el salón de los Pasos Perdidos.

La ley ahora sancionada fija que cada provincia contará con un defensor que deberá asesorar a los afectados por un delito o a sus herederos sin cargo. El proyecto reconoce a las víctimas sus derechos a asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad.
Una de las principales innovaciones que introduce la ley es el otorgamiento a las víctimas del derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su abogado patrocinante o fiscal interviniente. También, a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena. Además, habilita a la víctima a constituirse en querellante, y a pedir la revisión de las actuaciones durante todo el proceso judicial.

El nuevo régimen establece una protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.

Como antecedente de esta ley, el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación  elaboró un proyecto – “Estándares de Derechos de las Víctimas de Delitos”- que buscaba sentar la base de los derechos de las víctimas; allí se fijaba que víctima es “toda aquella persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, lesiones físicas, psíquicas, emocionales o cualquier menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente”. Por otra parte, el artículo segundo consignaba que “toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y acompañamiento, así como a la participación activa en el proceso penal”.