Día del Indio Americano, por historia y por derecho propio

En Patzcuaro, México, se realizó el Congreso Indigenista Interamericano para una Conferencia Interamericana Indigenista. El objetivo era salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Fue el 19 de abril de 1940.

Los pueblos indígenas “tienen derecho a pedir el reconocimiento de su personalidad social, porque constituyen contingentes humanos con primacía en la historia”, dijo en el discurso inaugural de aquel día, uno de los principales impulsores de la jornada, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, quien era descendiente de una familia indígena.

Setenta y siete años pasaron de aquel congreso tuvo varios resultados. Uno de ellos fue la institución del 19 de abril como el Día del Indio Americano en todo el continente. Además se redactó un documento que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en México, y dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son más de la mitad de la población; en Bolivia, el 45% y en México, el 30%. Un estudio genético realizado por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA en nuestro país sostiene que el 56% de los argentinos tiene antepasados indígenas.

Recién en 1945 la Argentina adhirió a la conmemoración de este día mediante el decreto 7550/45 del Poder Ejecutivo como “fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes”. Sin embargo, en nuestro país, los cambios más importantes que se pueden mencionar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se dieron mucho después.

Con la reforma constitucional de 1994 se incluyó el reconocimiento de “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Donde también se garantizan una serie de derechos tales como “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Nuestra Constitución Nacional asegura la participación de los pueblos indígenas “en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”. Pero a ello se suma que el país adhirió al Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales que expresamente reconoce el mecanismo de consulta previa a los pueblos indígenas.

La consulta previa ya forma parte de la jurisprudencia de la justicia argentina y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en un recordado caso. En 2014 le dio la razón a Crecencio Pilquiman, miembro de la comunidad mapuche de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo.

Pilquiman había presentado un amparo en contra de la entrega de tierras a un a un estanciero en la provincia de Chubut. Tierras  que pertenecen a una comunidad mapuche y donde hay un cementerio indígena.

La provincia de Chubut había validado la entrega de las tierras de las comunidades al estanciero Adolfo Rechene a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) en 2007. Tras fallos adversos en la provincia de Chubut, la Corte Suprema le dio la razón a Pilquiman porque entendió que la justicia provincial “omitió absolutamente el tratamiento del planteo fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.