Desarme y armas ilegales, un debate pendiente

¿Cualquier persona puede tener un arma de fuego? No. Además, hay una gran diferencia entre autorización para tenencia o portación. Los requisitos son varios y apenas 150 civiles están autorizados.

Según el RENAR, en Argentina hay registradas entre 1 millón y medio y 2 millones de armas. Pero se calcula que aproximadamente la misma cantidad circula en el mercado ilegal. Sin embargo sólo 150 civiles tienen permiso de portación.

En tanto, 300 mil fueron destruidas tras el programa de Desarme Voluntario o a través de las armas que estaban en dependencias judiciales.

La tenencia habilita al usuario a mantener el arma en su poder, transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla con fines lícitos si realiza algún deporte como la caza o el tiro.

La portación consiste en disponer en lugares de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato.

Los civiles, sin autorización tienen prohibido portarlas ya que el Código Penal estipula la prisión de entre 1 y 4 años. En tanto, su tenencia ilegal tiene una pena menor que va desde los 6 meses a los 2 años, y multas que van desde los mil a los 10 mil pesos.

Según el Registro, el año pasado en el país se vendieron 70 mil armas. Una cifra decorativa si se compara con uno de los países donde el drama de los muertos por civiles armados llegó a 32 mil al año. En los Estados Unidos, según el Departamento de Justicia, en 2013, se vendieron 16,3 millones de armas de fuego en ese país, lo que significa 44.889 armas al día.

En nuestro país, un ciudadano que quiere poseer un arma de fuego tiene que cumplir estos requisitos: ser mayor de 21 años, denunciar los lugares donde se guardarán él o las armas con una declaración jurada, acreditar medios de vida lícitos,  idoneidad en el manejo de armas de fuego, no poseer antecedentes penales y aprobar el examen psicofísico y psicológico. En tanto, toda persona que alcance la legítima tenencia de 10 o más armas deberá acreditar medidas de seguridad suficientes a fin de resguardar su tenencia domiciliaria.

Tras el cumplimiento de las exigencias del RENAR, a cada ciudadano se le otorga una credencial de legítimo usuario (CLU) por un período de 5 años.

Concluido ese lapso el organismo regulador les envía sendas intimaciones para que devuelvan el artefacto. Según fuentes judiciales, el problema es que más del 50 % no las devuelve y se debe acudir a la Justicia para que los obligue a hacerlo. Lo que raramente ocurre.

Desde la entidad conducida por Natalia Gambaro explicaron que “es muy difícil conseguir esas órdenes de allanamiento para ir a buscar las armas”. Estiman que en esta situación hay 500.000 mil personas pese a que les aplica una multa por las demoras en entregar las armas o renovar los permisos. También explicaron que “están mejorando los controles de los requisitos para tener un arma así como revisar los convenios con el registro de las personas, y AFIP”.

Sobre el mercado “negro”, desde la entidad señalaron que se sumaron al programa de lucha contra el narcotráfico en medio de la emergencia en seguridad para que las armas que se incautan a las bandas delictivas en estos procedimientos se destruyan automáticamente. “Está probado que la presencia de un arma aumenta la violencia. Hay que reflexionar sobre el uso de las armas porque uno no se siente más seguro con una”, destacó Gamaro.