Un proyecto para respetar los derechos de las víctimas

El Ministerio de Justicia elaboró, junto a diversas organizaciones que trabajan en la temática, una iniciativa que prevé sentar la base de los derechos para las personas que sufrieron algún delito en su contra.

Protección, información, asistencia, atención, y otros puntos son los que destaca esta propuesta.

Muchos casos y precedentes de la Justicia determinan algunos de los derechos de las víctimas cuando se enfrentan a un delito en su contra: problemas como denuncias que no puede ser radicadas, información difusa y otros mucho peores son los que enfrentan quienes, en cambio, deberían estar amparados ante estas situaciones. Cuando esto sucede, se produce una revictimización.

Tomando en consideración esta problemática y después de trabajar junto a organizaciones de víctimas y especialistas del ámbito de la Justicia, la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación elaboró un proyecto que establece los “Estándares de Derechos de las Víctimas de Delitos”.

¿Qué implica que los estándares estén reunidos en una ley? Implica que, de ahora en más, cuando una de estas disposiciones sea violada, quienes enfrenten estos problemas podrán recurrir a esta legislación donde se define puntualmente cuáles son los derechos. Todo lo que se discutió al respecto, las difíciles situaciones que tuvieron que atravesar muchas personas por la violación de estos derechos, los fallos judiciales a su favor y la experiencia de las organizaciones, se condensan en una legislación que servirá para fundar el trabajo que se seguirá llevando a cabo en la materia en el futuro.

Entre las principales definiciones de la iniciativa se encuentra la de víctima, representada por “toda aquella persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, lesiones físicas, psíquicas, emocionales o cualquier menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente”. Esta definición también aplica para familiares o “personas a cargo o dependientes que tengan una relación inmediata con la víctima”.

En el artículo dos se consignan los derechos que funcionan como la base de la iniciativa que, a su vez, es la misma base que quedará sentada en adelante para su aplicación en todos los casos que involucren a una persona que sufre algún tipo de delito: “Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y acompañamiento, así como a la participación activa en el proceso penal”.

Pero uno de los puntos más destacados es el atinente a la forma en que la víctima se relaciona con la Justicia: son muchos los problemas que surgen por falta de entendimiento de una notificación o una orden judicial; el lenguaje de los jueces puede ser difícil de comprender para cualquier persona que no esté familiarizada con el mundo del Derecho. Por eso el artículo 3 establece que “toda víctima tiene el derecho a comprender cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde el momento previo a la presentación de la denuncia, en la denuncia, durante el proceso penal y de ejecución de la pena”.

En febrero de 2014, las hermanas Sandra y Graciela Cano fueron a realizar una denuncia por violencia de género en una comisaría de San Fernando. Al solicitar una copia del documento, los policías del destacamento se negaron y terminaron golpeando a una de las mujeres que terminó detenida por “desacato”. Ante este tipo de situaciones se pensó el artículo 4 sobre el “Derecho a recibir información previamente a efectuar la denuncia”.

En el inciso B de este artículo, se detalla que la víctima tiene “derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación”.

El proyecto también enumera otra serie de disposiciones, como el derecho de la víctima a no tener contacto con el imputado, es decir, el victimario; el derecho a recibir protección durante la investigación penal; la protección de la intimidad de la víctima; y consideraciones sobre la participación de la víctima en la investigación penal.