Animales con derechos análogos a los de las personas

El precedente de la orangutana Sandra, considerada por la Justicia argentina como “sujeto de derecho”, instaló el debate en torno a los animales.  ¿Es suficiente la legislación existente? ¿Se puede avanzar en algún sentido?

Argentina cuenta con una ley penal que castiga el maltrato animal pero, ¿es suficiente para combatir esta problemática? ¿Qué herramientas existen para enfrentar una situación de este tipo? Algunos de los casos más paradigmáticos y recientes  instalaron la discusión en torno de los derechos animales.

A fines de 2014, la Cámara Nacional de Casación Penal aceptó un recurso de hábeas corpus presentado por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA), en favor de la orangutana Sandra, que se encontraba en cautiverio en el zoológico de Buenos Aires.

En el fallo, que marcó un precedente a nivel mundial, se determinó que la primate era un “sujeto no humano titular de derecho”. Es decir: a pesar de no ser una persona, podía contar con derechos propios de cualquier ciudadano alcanzado por el Código Civil y Comercial.

El recurso de hábeas corpus se presenta en situaciones en donde hay que proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. AFADA llevó a cabo esta acción al advertir que Sandra se encontraba cautiva y sufría un “confinamiento injustificado”, siendo un animal con “probada capacidad cognitiva”.

El abogado que llevó el caso de la orangutana, Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho constitucional, señaló que “penalmente existe un régimen que castiga el maltrato animal, pero el problema está en el Código Civil y Comercial, pues a pesar del reciente cambio, se mantuvo el esquema de considerar a los animales ‘cosas’, como sucedía en el viejo Código”.

“En la perspectiva del Derecho Civil, los animales siguen siendo una cosa, como una mesa o un departamento. Para defender a un animal hoy en día, sin apelar a la tutela Penal, hay que promover procesos civiles o, eventualmente, contencioso administrativos (contra el Estado) y plantear la inconstitucionalidad del Código Civil y Comercial”, en relación al hecho de que no son contemplados como sujetos de derecho, explicó el letrado.

Gil Domínguez planteó que se debe hacer un abordaje desde el ecocentrismo y no desde el antropocentrismo en la Justicia a la hora de tratar estos casos. Esto significa que se debe contemplar a todo el ecosistema a la hora de garantizar derechos y no solo al hombre.

La acción de AFADA logró un caso casi análogo al de Sandra, pero en la provincia de Mendoza: la chimpancé Cecilia fue declarada como “persona no humana” y para iniciar el proceso se usó como base la causa de Sandra. El Gobierno mendocino estableció que debía ser trasladada a un refugio para primates en Brasil.

En otro caso, también cercano en el tiempo ya que la decisión judicial fue de comienzos de este año, la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad dispuso la donación de 68 perros que se encontraban encerrados en la casa de una mujer que fue declarada inimputable. Los jueces afirmaron en su sentencia que “los animales secuestrados no se tratan de objetos inmateriales sino de seres vivientes susceptibles de derechos”.

La ley vigente en este sentido es la 14.346, en donde se establecen penas de entre quince días y hasta un año de prisión para quienes cometan actos de crueldad o maltrato animal, que están contemplados en esta normativa. Algunos de ellos son el trabajo excesivo (pensado para la función que cumplen muchos de ellos en actividades del campo en general) y el acarreo de vehículos que excedan sus límites de fuerza.

También se contemplan otros presupuestos de mayor gravedad, como la “vivisección con fines que no sean científicamente comprobables”, la mutilación y el abandono de animales que fueron usados para experimentar. La legislación data de 1954.

¿Qué hacer ante una situación de maltrato animal? Puede ser denunciada ante el fiscal correspondiente a la jurisdicción. Más tarde, el proceso seguirá su curso con una investigación y la posibilidad de un juicio Penal contra el agresor.