Una comisión bicameral será la encargada de seleccionarlo. Hay 67 candidatos. Su función es la de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y de sus familias. El cargo se había creado por ley en 2005, pero nunca se seleccionó al defensor.

Los chicos de la Argentina están cada vez más cerca de contar con un defensor nacional, quien deberá protegerlos, promover y exigir sus derechos. Tras cumplirse ayer 58 años de la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU, y a doce de la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, ya está en marcha el proceso de selección para el cargo. La principal función del área será participar activamente en el ámbito público y privado en pos de hacer escuchar las voces de los más chicos

La Ley 26.061, sancionada en 2005, creó la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Su función principal es “velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”.

El Defensor trabajará en el marco de un Sistema Integral de Protección de Derechos, que también establece la legislación y de políticas públicas generales destinadas específicamente a los trece millones de chicos y adolescentes del país.

Las funciones de la Defensoría son múltiples y de gran importancia. La principal, proteger los intereses y derechos de los menores, y velar por el respeto a las garantías legales, promoviendo medidas judiciales y extrajudiciales. Además, deberá controlar y supervisar el sistema de protección integral y a toda entidad pública y privada que atienda niños.

El Defensor puede recibir reclamos o denuncias relativos a la niñez, y guiar a los chicos y a sus familias acerca de los recursos existentes para solucionar su problemática. También garantizar el acceso a esos recursos, en especial para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

A partir de su labor, el Defensor podrá realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo e incidir en políticas públicas que busquen garantizar derechos en todo el territorio.

Esto implica mantener un enfoque federal y trabajar en conjunto con las provincias, incluidas aquellas que ya cuentan con defensorías del niño: Córdoba, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe y Santiago del Estero.

Al menos una vez al año, el Defensor tiene la obligación de presentarse ante el Congreso con un informe sobre el trabajo realizado y, de manera trimestral, deberá concurrir a las comisiones especializadas en la materia o cada vez que las legisladores se lo requieran.

Foto: Patrick Haar.
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Quiénes son los candidatos

Según lo establece la legislación, para ocupar el rol de Defensor es necesario acreditar competencias y conocimientos específicos en materia de niñez, ser especialista en la defensa y protección de los derechos de los menores y contar con una experiencia significativa en políticas públicas y las problemáticas que afectan a la infancia en Argentina. Además, esta persona debe ser argentina y mayor de 30 años.

El cargo, que permanece vacante desde 2005, tiene una duración de cinco años con posibilidad de una reelección, y es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia.

Lo debía haber elegido, en un plazo de 90 días de sancionada la ley, el Congreso a través de la Comisión Bicameral del/de la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pero esa comisión se conformó recién en mayo de este año con diez miembros de diversos partidos políticos. Ya recibieron 67 postulaciones y esperan ahora adhesiones e impugnaciones a las candidaturas hasta el 28 de noviembre.

Entre los postulantes hay actuales y ex funcionarios, referentes en la materia, profesionales y expertos de amplia trayectoria en niñez y adolescencia. La lista completa de los candidatos puede verse acá.

Los candidatos deberán transitar un proceso de selección que seguirá en marzo de 2018 y prevé un examen escrito sobre la situación actual de los niños y adolescentes, las políticas y legislación sobre el tema, los principales desafíos y las recomendaciones al respecto, entre otras cuestiones. También incluye la presentación de un plan de trabajo y una entrevista en el marco de una audiencia pública.

La designación está prevista para junio del próximo año y deberá contar como mínimo con el voto de las dos terceras partes de la Comisión Bicameral.