En Córdoba, un fallo realizó un señalamiento sobre los negocios que ofrecen “productos buscados por la población más vulnerable”, ocultando información sobre las condiciones de compra.

Zapatillas, televisores, celulares se puede adquirir con una firma y la presentación del documento de identidad. Muchos comercios ofrecen estas promociones como una forma de compra poco ortodoxa pero, según los integrantes de la Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, se trata de un ardid para ocultar información a los consumidores.

Así se desprende de un fallo de los jueces Raúl Eduardo Fernández, Miguel Ángel Bustos Argañarás y Cristina González de la Vega, mediante el cual decidieron declarar “inhábil” un pagaré (documento que certifica la obligación a futuro) empleado en una de esas ofertas, ya que sus beneficiarios violaron el deber de “brindar información adecuada y veraz” al consumidor.

Los magistrados hicieron un señalamiento sobre los negocios en donde brindan estas ofertas de productos “buscados por la población más vulnerable”. En el fallo también ponen de manifiesto que el pagaré es un título ejecutivo, es decir, una herramienta que sirve para exigir el cumplimiento de lo acordado. En este caso, el pago de un monto de dinero.

La publicidad del caso en cuestión mostraba la posibilidad de acceder a estos productos en cuotas y con una simple “firma” pero ocultaba otras condiciones: los intereses aplicables y las condiciones en las cuáles se aceptaría el uso del pagaré. Esto, expusieron los camaristas, implica no respetar el derecho a una “información veraz” que tiene el consumidor.

El artículo 37 de la Ley 24.240 de Defensa al consumidor expresa: “En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas”.

El artículo 37 de la Ley 24.240 de Defensa al consumidor expresa: “En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas”

Los jueces también recordaron que la sola invocación de un título ejecutivo sirve para que se cumpla la obligación que pesa sobre él; en otras palabras, los dueños de los comercios que son acreedores de un pagaré podrían cobrarlo con solo alegar su tenencia. Pero, en este caso, la relación de consumo no es ajena al proceso ejecutivo.

En su voto, el juez Raúl Fernández instó “a quien le interese a recorrer algunos sectores del centro”, donde “además de escuchar, con gran énfasis, la tonada cordobesa y algún ‘cuartetazo’, podrán advertir la cantidad de negocios que ofrecen productos buscados por la población más vulnerable (electrodomésticos, celulares, zapatillas, etc), a las que se les promete acceder en cuotas, con su documento de identidad y ‘a sola firma’”, pero a “sola firma de un pagaré que no respeta la legislación consumeril”.