Cuál es el destino de los bienes provenientes del delito

Casas, autos, dinero, joyas, armas y drogas son algunos decomisos dispuestos por la justicia por causas de delitos federales que informan al registro nacional.   ¿Qué pasa con el dinero decomisado por hechos ilícitos?

¿Se puede destinar para fines benéficos, se lo queda el Estado y que hace en cada caso? El Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal (RNBSD) de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, fue creado en el 2011 tras el pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para adecuarse a estándares en materia de recuperación de activos .

Los bienes con fines decomisables o secuestrables son los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos: citando como ejemplos: dinero, drogas, propiedades, vehículos, armas, celulares, computadoras, etc.

Hay una diferencia sustancial: un bien secuestrado es “exclusivamente una medida transitoria” en el marco de una investigación judicial, ya sea  porque puede ser utilizado como medio de prueba y su finalidad de agota allí, luego de lo cual  debe ser devuelto al propietario; o se trata de un bien que por ser instrumento del delito o producido de uno delito será pasible de decomiso. Un bien decomisado es aquel que un juez, dispuso por sentencia que sea desapoderado de la persona que los tenía y pase a ser patrimonio estatal”.

El registro trabaja con la justicia federal en el Diego Carbonemarco de delitos de su competencia como son las causas por narcotráfico, corrupción, contrabando, o delitos de orden económico y financiero en el marco de la Ley Nº 20.785 y Ley 25.632, que regula los bienes que son objeto de secuestro en causas penales, su custodia y disposición.  El decomiso o secuestro rige cuando la sentencia penal queda firme.

El director del registro, Diego Carbone, explicó que “el objetivo es inventariar, valuar y registrar los bienes, pero no administrarlos. Los juzgados poseen un formulario donde hacen el inventario de los bienes para informar al registro pero no todos lo hacen”.

Algunos números del registro informan que entre el 1 de noviembre de 2011 y el 7 de octubre de este año se decomisaron un total de 2715 bienes según el tipo de delito. Entre ellos la mayor cantidad de registraciones es por infracciones al régimen general de estupefacientes y al código aduanero. Así como en menor medida enumeran bienes por  falsificación de documentos en general (96 bienes), robo (74), asociación ilícita (58) o estafas y defraudaciones (47).

La disparidad y discrecionalidad de informar o no los bienes al registro se ejemplifica de la siguiente manera. En el informe figuran 15 juzgados que manifestaron un sólo bien decomisado, mientras que el juzgado federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero informó 104 en el mismo período.

Hoy en día, explicó Carbone, cuando un Juzgado envía un informe de bienes, se registra en una planilla. A partir de allí, se conoce a qué delito pertenece, cuando ocurrió así como su valuación y significación económica. Las bases de datos están divididas por jurisdicción, tribunal, tipo de bienes, y abarcan a todo tipo de delitos enmarcados en el código penal vigente.

El Juzgado Federal 3 de Rosario y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, son quienes más decomisos informaron.

Su destino

El régimen general de los bienes decomisados es que sean subastados si tienen un valor apreciable en dinero, sino lo tienen se compactan y se destruyen. Así es el caso de los automotores con la salvedad que el Estado espera tres meses y si nadie lo reclama se procede a su compactación. Así como el destino de las armas, es su destrucción o ser depositadas en los arsenales del Estado.

El dinero proveniente de hechos delictivos, como ocurrió por ejemplo con el reciente destino de los 800 mil dólares de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, tiene dos posibilidades. Por un lado, que se necesite mantener la individualidad de los billetes por alguna futura pericia judicial. En este caso, se los pone en custodia en el banco de depósitos judiciales: el Nación o el Ciudad. Por otro lado, si al magistrado interviniente no le interesa mantener la individualidad del dinero, se deposita en la cuenta del Poder Judicial y, oportunamente, se libra un cheque a quien corresponde, sea a quien se ordene la restitución o entrega, o bien se gira al Banco Central en caso de decomiso.

Régimen especial para las drogas

“La ley de 23.737 manifiesta que todos los estupefacientes, explica Carbone, deben ser destruidas por incineración en hornos pirolíticos o en salas crematorias. La norma faculta a una comisión mixta integrada por la Corte, la Sedronar, y el ministerio de Seguridad de la Nación. Los bienes o el dinero de este tipo de casos si se decide su remate debe destinarse, explica el artículo 39 de la ley, para “a lucha contra el narcotráfico y para la prevención y el tratamiento de adicciones”.

El registro

Por último, Bertone detalló que “los próximos desafíos son trabajar en que el registro pueda tener su materia prima a partir de la actividad de los jueces en una alianza estratégica con la Corte Suprema”. Así como trabajar mancomunadamente con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la ABE para la correcta administración de los bienes secuestrados y decomisados.