Declaraciones de empleados del Juzgado Federal 9

El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA continuó  con su etapa de recepción de declaraciones testimoniales a empleados del Juzgado Federal 9, desde el cual el exjuez Juan José Galeano instruyó la causa, según las acusaciones, con serias irregularidades.

Los testimonios de Karina Auletta, Jimena Castro y Esther Guarignielo rondaron en torno a su trabajo en el Juzgado, la organización de las tareas para la investigación y las cámaras ocultas que por orden del juez grababan declaraciones.

Karina Auletta, quien trabajó desde 1995 y durante dos años como prosecretaria contratada, contó que supo que se instalaron cámaras secretas en los despachos y justificó su uso alegando que los videos les servían para luego analizar las declaraciones testimoniales o indagatorias “porque no todos participaban”. “Veíamos el video y apuntábamos cuestiones de interés”, declaró.

A su vez, dijo que en la oficina no se habló ni se preguntó acerca del contenido del video que años después se hizo público en el cual se ve al entonces juez negociando un pago con el imputado Carlos Telleldín para que éste cambie su declaración por una falsa.

Ese video, contó, había sido robado de la caja fuerte del Juzgado razón por la cual citaron a los empleados para interrogarlos sobre el robo. “Nos sorprendimos por la sustracción del video pero sobre el contenido no hablamos”, contestó a uno de los abogados querellantes que la interrogaba acerca de la negociación inusual que aparece en la grabación.

Por otro lado y ante una pregunta de la defensa del imputado Galeano, Auletta dijo que las jornadas laborales eran muy extensas y que incluso trabajaban fines de semana. “Teníamos pocos recursos. Hasta usábamos nuestras propias computadoras”, aclaró.

Al de Auletta le siguió el breve testimonio de Jimena Castro, quien ingresó al Juzgado a fines de 1994 con un cargo menor en la secretaría 17 (a cargo de Susana Spina) y permaneció hasta el año 2000 como escribiente.

Desde su lugar, dijo, revisaba legajos, recibía y certificaba efectos de allanamientos y realizaba pedidos a compañías de telefonía para que enviaran información sobre llamados de quienes estaban siendo investigados.

Sobre el robo del video de la negociación entre Galeano y Telleldín, recordó, en línea con Auletta, que el entonces juez convocó al personal para avisar que, de forma extorsiva, le habían presentado en un papel de regalo el mismo video que había sido robado de la caja fuerte. “Me causó sorpresa porque desconocía hasta que había cámaras”, contó y agregó que le preocupaba la situación ya que todos estaban sospechados por el hecho.

La tercer testigo, Esther Guarignielo, fue la encargada de desarrollar un programa informático que identificara entrecruzamientos de llamados a partir de los datos que enviaban las compañías telefónicas. En un principio, contó, colaboraba con la causa desde su puesto en el área de sistemas de la Policía Federal pero al jubilarse, en 1998, continuó trabajando directamente como prosecretaria en el Juzgado.

Al igual que las testigos que la precedieron, Guarignielo se limitó a decir que sus tareas eran “muy técnicas” evitando así hablar del trabajo de quienes están imputados o de las conversaciones que se mantenían en la cotidianeidad de la oficina sobre las diversas irregularidades que fueron surgiendo, como es el caso del video sobre el pago a Telleldín, una de las pruebas más importantes de la causa encubrimiento.