Un debate necesario sobre los jóvenes privados de su libertad

Referentes del sector judicial, ONGs y poderes del Estado coincidieron en que el punto de partida es evitar el encarcelamiento de niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, también abordaron cómo deberían ser en el futuro.

Centrado en el debate sobre las instituciones que albergan a los adolescentes privados de su libertad, el quinto encuentro pensado para redactar las bases de un anteproyecto que sirva para legislar un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil se realizó el jueves último.

En el encuentro organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los asistentes coincidieron -con algunas excepciones- en que son preocupantes el estado edilicio y los recursos humanos de los lugares que alojan a los menores en conflicto con la ley. En ese marco, el encuentro se propuso abordar cómo deberían ser en el futuro.

Los asistentes, especialistas en la materia del mundo del Derecho, organizaciones no gubernamentales y de los tres poderes del Estado, coincidieron en lo dispuesto por la normativa internacional como base para la discusión: la privación de la libertad en relación al niño, niña o adolescente en conflicto con la Ley Penal debe ser la última medida de acción

Los coordinadores del espacio participativo fueron César Jiménez, presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAJ), Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la CABA y Hernán Sosa, de la ONG Unidos por la Justicia.

Ellos fueron los responsables del repaso de los aportes por escrito que hicieron todos los participantes, y entre otras cosas se destacó la necesidad de que los equipos de trabajo interdisciplinarios (compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de otras disciplinas) sufran los menores cambios posibles. De esta forma, los jóvenes tendrían una referencia más constante con estos equipos.

Pero también se discutió un tema por fuera del eje central: la designación del Defensor del Niño, un cargo creado a través de una ley sancionada en 2005 que todavía no tiene representante asignado. Ese funcionario debe monitorear las condiciones en las que se encuentran las instituciones que alojan menores. Al mismo tiempo, se propuso la creación de un organismo especializado para estos mismos fines.

Pero la infraestructura y las capacidades de estos lugares ocuparon la mayor parte de la discusión. En este sentido, Damián Muñoz (el Defensoría General de la Nación) señaló que los cupos no deben ser considerados de acuerdo a la cantidad de “camas”, es decir, plazas en cada institución sino en relación a la atención que se les pueda brindar a los menores.

Se precisó, asimismo, que los principios de Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, también deben ser de aplicación en las instituciones que trabajen con menores.