Nueva Ley Penal Juvenil, un debate actual y muy necesario

El Ministerio de Justicia organizó el primer encuentro federal junto a UNICEF para avanzar hacia una legislación que establezca, a nivel nacional, una normativa que contemple los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley Penal.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que tuvo a su cargo el cierre del encuentro junto a la representante de UNICEF en Argentina, Florence Bauer, expresó que “el desafío es construir un régimen penal juvenil que nos ayude a ver cómo el Estado realiza un abordaje adecuado y temprano, que tome intervención inmediata en cada uno de los casos”.

Esencialmente, la búsqueda de una nueva normativa está orientada por la falta de actualización en torno a la materia en el decreto-ley 22.278, que establece el Régimen Penal de Minoridad, sancionado durante la última dictadura cívico militar, normativa que es contraria a los estándares internacionales.

Si bien es cierto que muchas provincias han aggiornado sus legislaciones de forma a los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Justicia Penal Juvenil en todo el país aún presenta notorios retrasos, carencias institucionales y normativas, y amplias diferencias entre jurisdicciones, a la hora de aplicar la “especialidad” requerida en el tratamiento a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal.

En este sentido, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que esta legislación “mantiene un régimen inquisitivo, que aún hoy posibilita la ausencia de justicia especializada, la ausencia de aplicación (y de contenidos definidos) de medidas alternativas con contenido socioeducativo, en todo el país”.

El relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Justicia es abarcativo: no sólo se estudia la normativa existente en las distintas provincias, sino que se analiza la aplicación de forma concreta, la adaptación a los estándares internacionales en materia de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el cumplimiento de garantías “sustanciales”.

La nueva Ley sobre la que se discutió tendrá que apegarse no sólo a los principios señalados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), que en nuestro país tiene rango constitucional, sino también a los receptados en la Ley Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Sobre este aspecto y otros relativos debatieron jueces, fiscales, representantes del poder ejecutivo nacionales y provinciales, responsables de las Secretarías de Niñez y Adolescencia de las provincias, abogados y profesionales del mundo del Derecho en general.

Entre los puntos destacados de las discusiones en los paneles se encuentra la especialidad  de los operadores y de las sanciones a aplicar, las medidas alternativas al proceso, la especialización de los trabajadores que forman parte de los institutos de menores; la necesidad de monitoreos externos para controlar el funcionamiento de forma imparcial; la edad de imputabilidad y la de superar el paradigma de la protección de los menores de edad a través de la privación de su libertad. Todos estos puntos son deudas que ponen al país en falta con las normativas internacionales en relación a niñez y adolescencia.

El ministro también destacó el trabajo de Unicef en relación a la infancia, “con una mirada superadora y humanista” y les agradeció la tarea realizada “dándole al tema la importancia que requiere. Desde el Ministerio de Justicia tenemos en agenda de Justicia 2020 dar este debate de forma participativa, con estudios empíricos, para poder construir un sistema penal juvenil que ponga a los jóvenes en el lugar más importante, donde deben estar”.

Florence Bauer, representante de UNICEF en Argentina, señaló que “mejorar la situación de los chicos es un desafío que requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos”.

“Necesitamos una ley que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen como regla medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional, y sólo en casos de extrema necesidad, la restricción de la libertad personal”, añadió Bauer.