La coordinadora del programa Justicia Abierta, Sandra Elena, señaló que el uso de esta herramienta implica un cambio de “paradigma”. El derecho a la información y las formas para garantizar su acceso.

“Tenemos las leyes, los equipos, la tecnología, pero el verdadero desafío es crear una cultura de cambio y de apertura”, señaló ayer Sandra Elena, coordinadora del programa Justicia Abierta, durante su intervención en el Segundo Congreso sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Se refería a lo que muchos teóricos políticos, del mundo del Derecho y de la comunicación señalan como una herramienta fundamental para el orden democrático: el acceso a la información. En este caso, a través de los datos abiertos.

Elena, cuyo programa depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es una de las precursoras en torno a esta cuestión: antes de integrar la cartera que conduce Germán Garavano formaba parte de una organización no gubernamental que impulso la Ley de Acceso a la Información, sancionada a fines del año pasado.

La titular de Justicia Abierta se mostró positiva en sus perspectivas durante su intervención en el panel “Acceso a la información pública y transparencia corporativa”. Pero su apuesta, según dijo, va más allá de un cambio legislativo o de tecnología: la idea es transmitir a todos los poderes del Estado (no sólo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial) la necesidad de contar con mecanismos de datos abiertos.

¿Qué son los datos abiertos? “Un concepto técnico y teórico construido por el Open Data Institute de Londres, líder en datos abiertos. Es una definición sencilla que tiene sus matices con el correr del tiempo: datos que se pueden usar, reutilizar y compartir libremente. Son licencias de libre acceso. Este organismo fija 16 estándares internacionales como que las licencias sean abiertas, y que no sean discriminatorias, por ejemplo”.

El panel “Acceso a la información pública y transparencia corporativa”
El panel “Acceso a la información pública y transparencia corporativa” (Fotos: Patrick Haar).

Control de los actos de gobierno

Elena puso énfasis en la necesidad de crear un cambio de paradigma: si bien considera que la perspectiva es buena, el trabajo restante para avanzar en torno de esta temática y de esta forma de pensar la información de los organismos del Estado aún tiene el mayor trabajo por delante. Esto implica, entre otras cosas, un compromiso en brindar datos de parte de los sectores comprometidos, pero también de un involucramiento de parte de la sociedad civil.

En el panel, la titular de Justicia Abierta fue acompañada por el presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga; el director de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), Renzo Lavin; la directora de Legales de General Electric Cono Sur, Gabriela López Cremaschi; y contó con la moderación de Sergio Berenzstein, doctor y magíster en Ciencia Política.

En el mismo sentido de la intervención de Elena fue que se manifestó Lavin: además de recordar algunas iniciativas en torno a la materia, en su exposición, donde abordó la materia desde el Derecho y la legislación que la rige, también señaló que el “acceso a la información” es una garantía para el “control de los actos de gobierno”.